Santo Domingo.- Aunque desde la primera década del 2000, República Dominicana ha presentado un aumento gradual y continuo de las cláusulas de igualdad y no discriminación en sus legislaciones, hay derechos a los que las personas LGBTI no pueden acceder en totalidad.

Derecho al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la salud, a la seguridad social, a la participación política y a la integridad personal, son algunas de las prerrogativas que les corresponden, pero no disfrutan a plenitud en el país debido a prácticas de discriminación y acoso. 

De acuerdo al Informe “Ser LGBTI en el Caribe: República Dominicana 2022”, en la sociedad dominicana, la discriminación se manifiesta en los silencios y omisiones a los que se ven obligadas las personas LGBTI por miedo al rechazo y el estigma: cuando deciden no revelar, negar e incluso ocular su orientación sexual, sus características sexuales, la expresión y la identidad de género.

Además, a través de actos directos de exclusión, como humillaciones, negación de servicios, derechos básicos y violencia. En el ámbito laboral, por ejemplo, las personas trans son el grupo que mayores obstáculos enfrenta para acceder a un trabajo, lo que los ha ubicado en los sectores más precarios y marginales de la economía.

"Construí una identidad donde yo he transitado desde el travestismo hasta el transgenerismo. Yo fui transgénero que vivía todo el tiempo como mujer, pero dije: ´pero Dios mío, qué es lo que yo voy a hacer, por donde yo vivo, voy a ser una persona sin futuro, no voy a trabajar ni nada. No, yo tengo que cortarme el cabello, aunque no quiera, porque yo quiero ir a la universidad, quiero conseguir un trabajo´. Entonces ya luego tú te vas acostumbrando", dice uno de los testimonios obtenidos durante las entrevistas.

La falta de oportunidades para obtener un empleo formal reconociendo su expresión de género les obliga a tomar la decisión de modificar su expresión de género conforme el mandato cisnormativo y, de no hacerlo, como consecuencia quedan con menor acceso al régimen contributivo de la seguridad social, por lo que un porcentaje importante de las personas no tienen derecho a pensión por vejez o discapacidad.

De igual forma, los hombres gais y mujeres lesbianas consultados prefieren mantener en secreto su orientación sexual en sus lugares de trabajo, porque quienes no lo han hecho luego han tenido que enfrentar con frecuencia diversas formas de discriminación y acoso.

Este documento, realizado en el marco del Proyecto Ser LGBTI en el Caribe, financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana, destaca que el país continúa enfrentando retos importantes para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación con base en la orientación sexual o la expresión y la identidad de género.

La sociedad dominicana carece de estadísticas oficiales sobre esta comunidad, lo que es descrito como la manifestación más evidente de violencia, además de la “persistente impunidad en que permanecen los homicidios por prejuicio y la violencia”.

Para erradicar estas problemáticas que afectan el desenvolvimiento cotidiano de las personas LGBTI, el informe publica además ciertas recomendaciones de políticas públicas para promover los derechos humanos y la inclusión de las personas LGBTI.

Entre las medidas, sugieren que en contra de la discriminación y bullying que tanto afecta a los adolescentes en el entorno educativo, se elaboren protocolos que aseguren el uso de terapias afirmativas y la erradicación en el entorno escolar de refuerzos por modificar la orientación sexual o identidad de género.

Otra de las políticas propuestas es la emisión de una resolución sobre los efectos perjudiciales y el grave daño a la integridad física y mental que provocan esfuerzos por modificar la orientación sexual.

“Indicando con claridad que no constituyen una práctica médica válida”, agrega el texto.

Asimismo, consideran importante que se proporcione formación en derechos humanos y se implementen políticas públicas orientadas a la prevención, erradicación y sanción de la discriminación contra personas LGBTI en los servicios públicos nacionales (especialmente en el sector salud y el sistema judicial) y municipales.

Además, que se desplieguen campañas de información dirigidas a la sociedad en general para contrarrestar los prejuicios y tabúes sociales en torno al tema.