El ejercicio del poder hegemónico peledeísta es tan intransigente como cualquier régimen autoritorio. Para el peledeísmo no se trata, únicamente, de tener el control de los tres poderes clásicos del Estado, de los órganos constitucionales extrapoder y de los poderes fácticos, sino de dejar claramente establecido que son los amos y señores de la República Dominicana.

Las pocas veces que algunas de estas instituciones ha tomado una decisión que ha afectado los intereses del partido o del presidente de la República, ha recibido como respuesta una insolente reprimenda, con efectos intimidatorios para los demás órganos, en la atronadora voz de su secretario general, con el propósito de que no olviden jamás que su independencia es una letra muerta de la Constitución Política.

Para la cúpula morada la designación de los miembros del Poder Judicial y de los órganos extrapoder constituye un compromiso natural de gratitud hacia el partido.

Por lo tanto, sus decisiones deben favorecer siempre al partido o al presidente de la República. En caso contrario, el poder se encarga de castigar ejemplarmente la intolerable ingratitud.

¿Cómo podría ser calificada esta degeneración de nuestra democracia? Es un tema para otra ocasión. Ahora es más importante razonar sobre el daño que este comportamiento soberbio e intolerante le hace a la institución que tiene como finalidad principal la organización y dirección de las elecciones.

Lo razonable sería que la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana modificara su comportamiento antidemocrático, por lo menos en lo que tiene que ver con la Junta Central Electoral, para contribuir con el fortalecimiento de su credibilidad frente a los demás partidos y la ciudadanía.

Sin embargo, tomando en consideración que un partido embriagado de poder, como está el PLD, solo retorna a la razonabilidad cuando pierde el poder, es poco probable que desista de presionar al órgano electoral para que lo favorezca en temas tan cuestionables como el arrastre de los senadores por parte de los diputados.

En ese sentido, la Enciclopedia Electoral ACE considera que “es de vital importancia para el proceso electoral de un país, que la administración de las elecciones se perciba independiente de todos los partidos y del gobierno.

Si el OE no goza de esta confianza, el proceso electoral en conjunto y sus resultados pueden ser cuestionados”.

Sin embargo, el celo del árbitro por la consolidación de la percepción de independencia, bajo ninguna circunstancia debe llegar al extremo de convertirse en un elemento de discordia con los partidos políticos y la sociedad civil. La intolerancia de los órganos electorales ante los reclamos de los partidos políticos, lo mismo que la imposición arbitraria de sus decisiones, son dos peligrosos generadores de desconfianza. Por el contrario, la relación fluida, cordial y respetuosa con los mismos, contribuye con el afianzamiento de la confianza en la institución.

También contribuye con la confianza el grado de neutralidad e imparcialidad con que operen el administrador y el juzgador de los procesos electorales. La parcialización aniquila, irremediablemente, la confianza en el órgano y la credibilidad de todo el proceso electoral, al tiempo que provoca el cuestionamiento a la integridad de las elecciones.

Finalmente, para garantizar el éxito de las elecciones, esperemos que la JCE sea ingrata con el PLD y se gane la confianza de la ciudadanía.