Sede central de la Junta Central Electoral.

Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) desvió ilegalmente millones de pesos propiedad de sus empleados para cubrir gastos electorales de las pasadas elecciones, según ha revelado la Cámara de Cuentas de la República (CCR).
El dinero fue tomado de los fondos de pensiones y jubilaciones del personal de la JCE.
Durante los meses de marzo-diciembre de 2012 el alto organismo electoral dejó de reportar al Plan de Retiros y Pensiones la suma de RD$ 103 millones 450 mil, que fueron a parar a supuestos “consumos operativos” de la institución.
Además, los empleados del organismo carecen de un seguro de Riesgos Laborales y fueron excluidos del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, conforme al documento de la Cámara de Cuentas.
La CCRD critica en su informe que la JCE no se acogió al mandato de la Ley 87-01, que establece la obligación de todas las instituciones públicas de integrarse al Sistema de la Seguridad Social.

Añade que, a pesar de que la ley otorga un plazo de seis meses para que los Fondos de Pensiones Pre-existente sean adecuados para convertirse en parte de una Administración de Fondos de Pensiones (AFP), la entidad no ha efectuado la adecuación al nuevo sistema.

El Plan de Pensiones y Retiros de la Junta Central Electoral se alimenta de un 6% aportado por los jueces miembros, funcionarios y empleados del sueldo base, y otro 6% tributado por la institución del monto de la nómina laboral como entidad empleadora.

Sobre este punto, las autoridades del máximo organismo electoral argumentan que las retenciones fueron consolidadas como préstamos, debido a la situación financiera que atravesaba la institución a raíz del proceso electoral.

La Junta Central Electoral administró en 2012 un presupuesto de RD$ 3,050, 510, 792 (más de tres mil millones de pesos) entregado por el Gobierno Central, más otros 300 millones del presupuesto complementario de ese año.

Además, durante el período auditado, la entidad electoral recibió ingresos extrapresupuestarios por RD$ 1,031,490, 500 (más de mil millones de pesos) por servicios de legalización de actas, defunción, cedulación y otros servicios.

La disponibilidad de recursos cuestiona el hecho de que la JCE haya tomado el dinero propiedad de sus empleados para los alegados gastos operativos durante el proceso electoral de 2012.

La Cámara de Cuentas opina que la JCE debió acogerse a lo establecido en su reglamento interno y no utilizar las retenciones realizadas a los empleados para cubrir asuntos operacionales de la entidad.

Empleados no afilados a ninguna ARL

Los empleados y funcionarios de la junta están excluidos del Sistema de la Seguridad Social, además de que el personal no cuenta con un seguro contra riesgos laborales, en violación a la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Salud.

El Articulo 3, Principio Rectores de la Seguridad Social, referente a la obligatoriedad, establece:

“La afiliación, cotización y participación tienen un carácter obligatorio para todos los ciudadanos en las condiciones y normas que establece la presente ley”.

Los auditores de la CCR les señalan a las autoridades de la junta Central Electoral los establecido también en el Artículo 145 de la referida legislación:

“Sin perjuicio de otras sanciones que correspondiesen, el empleador público o privado es responsable de los daños y perjuicios que se causaren el afiliado y a sus familias, cuando por incumplimiento de las obligaciones de inscribirlo, de notificar los salarios efectivos a los cambios de estos, o de ingresar las cotizaciones y contribuciones a la entidad competente, no pudieran otorgarse las prestaciones medicas…”

Reacción de la JCE

En respuesta al cuestionamiento de la Cámara de Cuentas, las autoridades de la Junta Central Electoral dijeron que los empleados de ese organismo no cotizan a la Tesorería de la seguridad Social, porque, según afirman, en el 2007 no se permitió a la institución cotizar lo relativo al Plan Básico de Salud y los Riegos Laborales.

Sostienen que por tal razón tampoco cotizan a la Administradora de Riegos Laborales, pero afirman estar afiliado a la empres privada ARS Humano.

Posición de la CCR

El informe de auditoría refiere que Junta Central Electoral no presentó documentos que justifique su no afiliación del personal en una Administradora de Riegos Laborales (ARL).

Los auditores expresan que la réplica entregada a la CCR por la entidad expresa que la JCE maneja una ARL cubierta administrativamente por la institución, y que hacen las gestiones para contratar una póliza contra accidentes de personas y riesgos laborales. (Acento)