Resulta interesante que los procesos de elección incluyan el sentir y voluntad de los dominicanos en el exterior. Aunque los diputados de ultramar expresan los criterios de representación en el ámbito congresual, es innegable que en lo concerniente a la elección interna de los partidos, la supervisión de la Junta Central Electoral se torna de vital importancia.

Los dominicanos de la diáspora constituyen, en materia electoral, un desafío a los políticos que estructuran simpatías bajo las manías clientelares. Y es muy sencillo: el clásico votante podría dejarse seducir por las promesas falsas y vulgar compra de su voto.

Ahora bien, en el caso de las preferencias y opciones ejercidas fuera de la jurisdicción local, los criterios del votante están orientados desde una perspectiva de mayor conciencia.

La JCE podrá alegar razones financieras o factores prácticos a la hora de establecer todo el andamiaje en materia de supervisión de las primarias. Ahora bien, una comunidad que tanto aporta al país, posee todos los méritos en lo institucional y moral para requerir que, sus votos y derechos, no sean conculcados. De ahí que la restricción o impedimento a validar la participación en las primarias constituye un golpe mortal a una comunidad históricamente desdeñada, sedienta de los niveles de respetabilidad indispensable.

El órgano rector tendrá que desarrollar todos los esfuerzos en interés de que las primarias sean celebradas en el exterior, permitiéndole a la diáspora que participen con entusiasmo. Además, si no lo hacen, estarían actuando en franca complicidad con sectores partidarios que usan vilmente a nuestros compatriotas en el exterior, fundamentalmente en el orden de las recaudaciones económicas para después maltratarlos sin ningún tipo de respeto.

Apelando al sentido de lo justo y allanando modalidades inteligentes, la JCE evita recursos legales que, difícilmente, los tribunales se resistirían a rechazar porque impedir votar a los dominicanos del exterior en las primarias, se inscriben en limitar el ejercicio de un derecho establecido en nuestra carta fundamental y en la tradición jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Todo el esfuerzo de la JCE orientado a un incremento considerable del padrón de electores en el exterior, tendría en la participación de la diáspora en las primarias, una especie de calentamiento para las elecciones del 2024.

Ignorar casi un millón de ciudadanos, potencialmente aptos para el próximo torneo electoral, pero impedidos en decidir en lo concerniente a los candidatos de sus respectivas organizaciones, es una terrible señal.

Y en buen derecho y moralmente, la diáspora merece el mayor respeto institucional de un país, que como el nuestro, nunca le retribuyen su amplísima contribución a la patria que los vió nacer y tanto aman y ayudan.