Santo Domingo.-  El juez del Noveno Juzgado de la Instrucción, Juan Francisco Rodríguez Consoró, quien fuera cancelado ayer por el Consejo del Poder Judicial, expresó que  su destitución fue “sin fundamento probatorio y violando mis derechos”.

El magistrado, quien estaba adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, se refirió al tema a través de Twitter, y dijo además, que la destitución estuvo basada en “mentiras y calumnias por parte del Ministerio Público y enemigos a lo interno”.

Según la Resolución CPJ-2023-RES-002, el magistrado habría incurrido en faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

El Consejo del Poder Judicial detalló en la resolución que Consoró violó los artículos 41 numeral 3, 44, numeral 5, 60, 61 y 66 numerales 1 y 2, de la Ley núm. 327-98, sobre Carrera Judicial y el artículo 149 del Reglamento de Aplicación de Carrera Judicial.

En ese sentido, se ordenó a la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial enviar las pruebas del caso al Ministerio Público para su investigación.

¿De qué se le acusa?

Básicamente, el magistrado Rodríguez Consoró está acusado de “vender” decisiones a favor de imputados, incluyendo a un narcotraficante.

La Inspectoría del Consejo del Poder Judicial le atribuye haber aceptado o recibido, directa o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especie, gratificaciones, dádivas, obsequios o recompensas como pago de servicios inherentes al cargo que desempeña.

También, de realizar diligencias para favorecer a su cuñado en el proceso de allanamiento en el caso del narcotraficante César Emilio Peralta, alias El Abusador.

Rodríguez Consoró habría recibido dinero para la puesta en libertad del imputado Sidney Rafael Matías Pérez, alias El Fuerte.

La Inspectoría afirma que el juez suspendió de manera intencional una primera audiencia en contra del imputado, en marzo del 2019, para que Matías Pérez completara la negociación del dinero que le pagaría.

En el expediente también se hace referencia a unos audios interceptados de las conversaciones entre Matías Pérez y Erick Randhiel Mosquea Polanco, supuesta cabecilla de una red de narcotráfico.

En el documento se destaca que los imputados se comunicaban por BlackBerry, utilizando lo que se denomina BB PIN.

Se explica que Matías Pérez (El Fuerte) estaba en libertad condicional, pues había sido condenado a 8 años por el mismo delito de narcotráfico, había cumplido 5 años y estaba en condicional.

Dice que fue entonces cuando llegó al tribunal presidido por el magistrado Juan Francisco Rodríguez Consoró, le otorgó la libertad e impuso medida de coerción consistente en presentación periódica.

La resolución también señala que el mismo habría recibido dinero directamente de su secretaria y de abogados que litigan en su tribunal.

Además, pagos para emitir un auto de no ha lugar a favor de los acusados de la supuesta venta irregular de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este, en una audiencia preliminar realizada en junio del 2022.