Santo Domingo.- La jueza del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Kenya Romero, impuso como medida de coerción prisión preventiva para seis de los imputados en el caso Coral 5G, arresto domiciliario para cinco y presentación periódica para uno de los involucarados.

Los seis que van a prisión son: Juan Carlos Torres Robiu, General de Brigada Boanerges Reyes Batista, Capitán de Navio Franklin Antonio Mataflores, Coronel Carlos Augusto Lantigua, Yehudy Blandesmil Guzman y José Manuel Rosario Pirón.

Kelman Santana Martínez tendrá presentación periódica ante la Persecusión Especializada para la Corrupción administrativa e impedimento de salida del país sin autorización judicial.

En el caso de César Félix Ramos Ovalles, Jehohanan Lucía Rodriguez, Erasmo Roger Pérez, Miguel Ventura Pichardo, Esmeralda Ortega Polanco y Carlos Augusto Lantigua Cruz su medida de coerción es impedimento de salida y arresto domiciliario con vigilancia.

Por su parte, Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista, Franklin Mata Flores, José Manuel Rosario Piron, Yehudy Bladesmil Guzmán Alcántara 18 meses prisión preventiva en Centro de Corrección y Rehabilitación CCR XX Najayo Hombres.

Es declarado el caso como complejo y la próxima revisión de la medida será el 14 de marzo 2022

El Primer Juzgado de La Instrucción del DN, tribunal control del proceso tiene ocho meses plazo de investigación.

La jueza Kenya Romero tomó la decisión de separar del expediente, al menos por el momento, al general De los Santos Viola, ya que este recusó a la magistrada. Con el alto oficial suman 13 los presuntos implicados.

Además, los coroneles Franklin Antonio Mata Flores, Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez, el mayor José Manuel Rosario Pirón, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Ortega Polanco.

“Hemos presentado 94 testimonios que son mucho más que suficientes para aplicar las medidas de coerción, no hay forma de contrarrestar las evidencias documentales que ha presentado al tribunal el Ministerio Público”, afirmó Camacho.

Agregó, que una de las imputadas presuntamente admitió los hechos y por eso se pidió contra ella arresto domiciliario.