Juan Bolívar Díaz
Si hay un sector que debió hace tiempo protagonizar una rebelión pública en este país es el de los pensionados del Estado, los que se están muriendo a plazos en medio de la más horrible pobreza, con ingresos que no les alcanzan ni para comprar el más elemental medicamento propio de la tercera edad.
Son 110 mil personas, de las que el 95 por ciento, o sea más de 104 mil, reciben apenas 5,117 pesos mensuales, tras haber cumplido tres y cuatro décadas de servicios al Estado. Con la agravante de que la mayoría cotizó, durante todo su lapso de servicio, para una prometida jubilación, a un Instituto Dominicano de Seguros Sociales que ha devenido en la más espectacular muestra de la desidia, la corrupción y la ruptura institucional.
Como es natural en las personas de la tercera edad, una gran proporción sufre enfermedades, algunas crónicas como la diabetes o la hipertensión, que los obligan a adquirir medicamentos cuyo costo mensual supera ampliamente el monto de sus pensiones. Para colmo de males, esos pensionados no están incorporados al nuevo sistema de Seguridad Social, lo que es más burlesco cuando los gobernantes proclaman los “enormes avances” que dicen haber logrado en la cobertura, dándole tarjetas de asegurados a más de dos millones de pobres para que reciban servicios hospitalarios tan deficientes como los que se les ofrecía antes del plástico.
Para los que alegan ignorancia de la dimensión de nuestras injusticias, hay que recordar que según el Banco Central, el costo de la canasta familiar del quintil más pobre del país estaba estimado en 13 mil 108 pesos al 31 de enero, lo que significa que esas 104 mil víctimas sociales apenas reciben el equivalente al 39 por ciento. Están condenados a la extrema pobreza o a depender de la caridad de familiares, amigos y hasta vecinos.
Agreguen a la barbaridad que el monto de las pensiones está congelado desde hace una década, lo que implica que la inflación se comió alrededor del 50 por ciento de lo que fue tras la última revaluación.
No faltarán quienes entiendan que de todas formas esos pensionados son privilegiados, ya que hay decenas de miles en todos los estamentos del Estado que hace años reclaman ser pensionados. Las asociaciones de enfermeras sostienen que el 40 por ciento de sus afiliadas están en edad de pensionarse, y que muchas viven de licencia en licencia temerosas de que les vayan a pensionar con 5,117 pesos, 40 por ciento de los sueldos de la mayoría de ellas.
Se ha dicho que el Estado responde a miles de demandas de pensiones en la misma proporción en que van muriendo los privilegiados de los 5,117 pesos.
Lo grande es que en el cinco por ciento de los pensionados que están por encima del mínimo indicado, se cuentan muchos que no trabajaron para el Estado, a quienes se les ha asignado 25, 50 y hasta 100 mil pesos. Se incluye a personas ricas o de clase media alta y media, incluyendo periodistas, artistas, deportistas y viudas de políticos.
No dejen de anotar que organismos autónomos y descentralizados del Estado, incluyendo a exlegisladores, pagan pensiones de cientos de miles de pesos mensuales, dotadas, además de seguros médicos internacionales.
Ante tanta iniquidad, no se entiende cómo solo los trabajadores cañeros salen a las calles cada mes a reclamar justicia. Todos los pensionados y los pendientes deberían protestar. Y que lo hagan ahora en medio del festival demagógico de la campaña electoral. (Hoydigital)
