Eddy Olivares Ortega
El pasado día 23 de diciembre el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), magistrado Julio César Castaños Guzmán, proclamó el 2017 como el año de la Reforma de la Ley Electoral y la Ley de Partidos.
La afirmación del presidente del principal órgano electoral, en el sentido de que las referidas iniciativas serán aprobadas el próximo año 2017, nos trajo a la memoria una promesa similar del anterior presidente, el magistrado Roberto Rosario Márquez, quien desbordado de optimismo aseguró que en el año 2014 sería aprobada la Ley de Partidos y aplicada en las elecciones del año 2016.
Tal y como ocurrió ahora, el expresidente Leonel Fernández, conforme a lo expresado por el saliente presidente de la JCE, Roberto Rosario, al igual que el presidente de la República, Danilo Medina, prometió apoyar la aprobación de la referida reforma política.
Más adelante el presidente Medina, durante la campaña electoral, en un evento de la debilitada Internacional Socialista para América Latina, le solicitó a su Congreso Nacional la aprobación de las mencionadas iniciativas, lo que reiteró posteriormente, el 8 de julio del 2016, al recibir su certificado de elección de parte de la JCE. Sin embargo, nada ha sido aprobado.
Como se puede apreciar, se trata de un juego del liderazgo político en el que ya nadie cree. No obstante, en esta ocasión, tenemos la esperanza de que el Partido de la Liberación Dominicana, por no contar con árbitros imparciales para el próximo proceso de escogencia de sus directivos y sus candidatos, ordenará que sea aprobada la Ley de Partidos.
A esto se le suma la firme voluntad del nuevo presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, de impulsar la aprobación de las referidas iniciativas.
No tiene ninguna justificación que, al cumplir 20 años de vigencia, la Ley Orgánica Electoral no sea reformada en el próximo año 2017. A este anacronismo se le suma el desajuste que sufrió la importante norma política a consecuencia de la Reforma Constitucional del 26 de enero del año 2010.
Por otro lado, en lo concerniente al funcionamiento de los partidos políticos, la mencionada reforma constitucional produjo un déficit que hace indispensable la aprobación de la Ley de Partidos, para garantizar la concreción del artículo 216 de la Constitución, que establece que el funcionamiento de los partidos debe sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia.
Es innegable que con una efectiva Ley de Partidos que contemple la fiscalización obligatoria, por parte de la JCE, de los procesos internos de los partidos, se pueden evitar conflictos como la mayoría de los que terminaron deteriorando el Sistema de Partidos.
Los anteriores son motivos más que suficientes para que tanto la sociedad civil como los partidos de oposición, apoyen con firmeza y entusiasmo la decisión de la JCE de asumir temprano la jornada de lucha por la reforma política, con el objetivo de crear los mecanismos que garanticen la equidad, la libertad, la transparencia y la objetividad que deben primar en las contiendas electorales, tal y como lo consagra el artículo 211 de la Constitución Política.
