Tengo años insistiendo enque hoy, al igual que en el siglo XVII, en la República Dominicana, como bien advierte Pedro Mir en su gran ensayo “El gran incendio: los balbuceos americanos del capitalismo mundial”, la verdadera revolución sigue siendo la revolución capitalista.
No nos sobra capitalismo. Tenemos un déficit capitalista y necesitamos convertir los proletarios en propietarios. Pero el capitalismo que necesitamos y queremos los dominicanos, y al cual contribuye el natural espíritu empresarial dominicano manifestado en las pequeñas y grandes historias de éxito de la migración criolla, es el popular. Por eso, he dicho antes: “la revolución capitalista será popular o no será”.
¿Cuáles acciones propiciarían esta revolución capitalista popular? Mi lista la he publicado hace un tiempo y la actualizo ahora:
“(i) garantizar el acceso a la propiedad inmobiliaria de miles de dominicanos que no pueden acceder al crédito bancario;
(ii) transformar las asociaciones de ahorros y préstamos en sociedades comerciales por acciones, lo que fomenta el capitalismo popular en la medida en que, preservando sus depósitos, los depositantes añaden a sus activos personales su participación accionaria en las asociaciones, lo que crea ipso facto una masa de cientos de miles de accionistas, tributando automáticamente al Estado;
(iii) promover la competencia en todos los sectores de la economía, incluyendo el transporte de cargas y de pasajeros, que en la actualidad es controlado por empresas disfrazadas de sindicatos y coaligadas en cartel, al tiempo de investigar cuidadosamente y sancionar severamente las practicas anti competitivas en todos los sectores económicos;
(iv) crear asociaciones público-privadas para los servicios públicos y las grandes infraestructuras, en el marco de un Estado garante, es decir, un Estado que propicia las condiciones para la participación de los agentes económicos privados en los servicios públicos y la economía nacional y que dedica sus limitados recursos para atender las necesidades básicas de los sectores más carenciados y para llevar a cabo su tarea irrenunciable de regulación de los sectores económicos estratégicos a través de organismos reguladores independientes y despolitizados;
(v) efectuar una reforma tributaria integral que se enfoque en:
(a) la gestión tributaria;
(b) la reducción de las tasas impositivas -principalmente la del ITBIS que podría descender por debajo de 10%, expandiendo su base impositiva para que incluya todos los bienes y servicios- y
(c) la racionalización de exenciones y subsidios;” y (vi) diversificar los riesgos de las inversiones de los fondos de pensiones y conectar el ahorro de los trabajadores con el desarrollo de la productividad de las empresas, propiciando la inversión en el capital de las grandes empresas dominicanas y en los grandes proyectos de infraestructura de las APP, lo que, al tiempo que disminuye el costo del financiamiento corporativo y contribuye a la democratización del capital y al desarrollo de la infraestructura nacional, hará todavía más rentables las inversiones de los fondos de pensiones.
No tan paradójicamente el capitalismo popular requiere llevar el capitalismo a su propia legalidad, pues, como bien advirtieron Otto Kircheimer y Franz Neumann, la legalidad sufre no solo a consecuencia de los gobernantes sino por obra del poder no domesticado jurídicamente, de los poderes privados del mercado (Ferrajoli), por el funcionamiento desenfrenado de un capitalismo de carteles y monopolios, lo que hoy conocemos como “capitalismo salvaje” y “capitalismo de amiguetes”.
Esta domesticación jurídica del capital requiere un “Estado fuerte”, no un Estado mínimo como propugna la ideología neoliberal ni tampoco un Estado interventor en el modelo clásico keynesiano y mucho menos un Estado autoritario, como el que propuso Hayek, que garantiza solo las libertades económicas y no las políticas, pero sí demanda un Estado que “planifique para el capitalismo popular y la competencia”.
Si, como nos recuerda Polanyi, los mercados libres no podrían haber surgido de modo espontáneo, es obvio que el capitalismo popular no emergerá sin la acción deliberada y decisiva del Estado. Marx afirmó que el Estado es el “comité ejecutivo de la burguesía”.
La verdad es, sin embargo, que, como bien advertía Poulantzas, ni la clase dominante es un conjunto monolítico que controle de modo racional y coherente el Estado ni el Estado necesariamente “representa directamente los intereses económicos de las clases dominantes”.
En otras palabras, el problema dominicano no es, como señalaba Bosch, que carecemos de una clase gobernante, sino que, hasta ahora, ésta no ha sido capaz de construir una “hegemonía cultural” (Gramsci) y de erigirse en “vanguardia” (Lenin) capitalista que tome e implemente la “decisión política fundamental” (Schmitt) de dirigir eficazmente la sociedad dominicana.
