El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) iniciará este miércoles 27 la evaluación de unos 70 abogados que están dispuestos al “sacrificio” de su posición litigante para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), un derecho que le asiste a todo letrado en uso de sus facultades inherentes. Una vez concluido el proceso, el CNM entrará en la etapa crucial de decidir quiénes integrarán la alta corte, de la cual siempre se espera que dé algo más allá de las expectativas.
Como ya es conocido dado el amplio debate que se suscitó semanas atrás, parte de la sociedad estará pendiente de lo que se decida con una persona en particular, la magistrada Miriam Germán Brito, lo cual no debería ser por tratarse de una instancia colegiada.
Lo que esta sociedad, que pretende ser tan exigente, debería estar pendiente es del conjunto y no de particularidades, pues en esa actitud de perdernos en el bosque es que muchas veces nos han colado balones que luego no sabemos qué hacer con ellos.
Mucho se ha hablado del estado actual de la Justicia y se carga el dado a los políticos que han dirigido el proceso de selección de los jueces, señalando, con marcado sesgo, que ellos controlan los tribunales. Lo dicen con el propósito de descalificar procesos como el que continuará esta semana. Una parte de esos críticos quisiera—aunque no lo dice abiertamente—que se “despolitizara” la elección de los magistrados y que esa prerrogativa se dejara en manos de oficinas de abogados e intereses corporativos.
Si esto llegase a suceder algún día, entonces sí que la República Dominicana podrá proclamar, a los cuatro vientos, que dispone de una justicia independiente, sólo que no podríamos distinguir independiente de quién o de qué.
Hay que dejarse de subterfugios y maniobras de embaucamiento y reconocer que eso es lo que se busca cuando se resalta la supuesta “peledeización” de la Justicia, ya que se sabe que el proceso de selección de las altas cortes o lo dirigen los políticos o se pone en manos de esos intereses que se ocultan tras las bambalinas de la llamada sociedad civil.
Por otra parte, el CNM no puede permitir que el incidente entre el procurador general de la República, Jean Rodríguez, y la magistrada Germán Brito, le desvíe de sus responsabilidades de bien seleccionar la SCJ.
Que a propósito, un sujeto mencionado por Rodríguez en aquella ocasión, identificado como Richard Miguel Gloss Ovalles o Richard Molina Ovalles, quien se suicidó en circunstancias no aclaradas, había sido condenado a tres años de prisión en los Estados Unidos, de donde escapó. Pero ese es un dato al margen.
