San Juan. – Una lluvia de críticas vienen cayendo sobre la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, por la entrega a las autoridades de Estados Unidos de datos de inmigrantes que tienen licencia de conducir. Aunque, la ejecutiva justificó que las leyes de inmigración federal son «mandatorias».

Los cuestionamientos más fuertes provienen de líderes políticos.

«Me siento muy alarmado de que esto esté sucediendo, porque yo hablé con la gobernadora y ella me aseguró que el gobierno de Puerto Rico no iba a cooperar», dijo el representante demócrata de NY y origen dominicano Adriano Espaillat.

Según los datos provistos por DHS, la mayoría de los detenidos por las autoridades migratorias en Puerto Rico provienen de República Dominicana.

En específico, 359 de las 485 personas arrestadas en el territorio son dominicanos.

Mientras que la también demócrata de NY, Nydia Velázquez, planteó que, en vista de que la gobernadora había manifestado que las intervenciones no impactarían la isla, “eso es un problema para ella”.

La gobernadora González ha reiterado que “no podemos escoger cuáles leyes vamos a cumplir y cuáles no y las leyes de inmigración federal son mandatorias y aplican a Puerto Rico de la misma manera y con la misma fuerza que las leyes de seguro social, Medicaid y las que protegen nuestros derechos civiles».

«Puerto Rico está haciendo lo que es absolutamente requerido y obligado por ley federal, ni más, ni menos», agregó.

Detalló que el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó la data el pasado 29 de enero por requerimiento de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con fecha del 26 de enero. La lista comprende unos 6.000 migrantes con licencia de conducir que no tienen estatus migratorio definido.

«La agencia lo que hizo fue cumplir con la orden en ley», subrayó.

Sin embargo, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, y presidente del Partido Popular Democrático (PPD) Pablo José Hernández, catalogó como una mentira el argumento de la gobernadora, de que si no cooperan con las agencias federales migratorias se exponen a una pérdida mayor de fondos federales.

“El gobierno federal asigna el poder de la cartera al Congreso, y la Rama Ejecutiva no puede congelar fondos que el Congreso asignó para un propósito específico. El gobierno de Puerto Rico puede defender sus derechos de su gobierno propio y el de su comunidad inmigrante en los tribunales”, planteó.

 Los datos provistos por DTOP provienen de la puesta en vigor de la Ley 97-2013, aprobada con el fin de que residentes de Puerto Rico, independientemente de su estatus migratorio, pudieran obtener una licencia de conducir provisional.

El mismo estatuto protege la identidad de quienes obtengan tal documento, clasificándolo como confidencial, por lo que se generó la expectativa de que no serían entregados a las autoridades migratorias de EE.UU.

“Hay que ser una persona genuinamente malvada, terrible, para haberle entregado esa lista a la gente que va a irlos a buscar a su casa para deportarlos», dijo el exgobernador popular Alejandro García Padilla.

Por su parte, las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes y el Senado presentaron una pieza legislativa requiriendo que se investigue el proceso seguido por el DTOP para divulgar dicha información.

La senadora del PIP María de Lourdes Santiago denunció que «el Gobierno de Puerto Rico, en lugar de confrontar los abusos de las políticas trumpistas, se ha rendido sin la menor resistencia ».

Las redadas contra la comunidad migrante en Puerto Rico, principalmente dominicana, comenzaron en enero pasado.