En un país sobrerregulado -con normativas para todo- muchas de ellas polvorientas en las gavetas del olvido o groseramente irrespetadas- no es mejor legislador quien anda engrosando el armazón legal evacuando proyectos de ley, a veces con copiosas incoherencias y contradicciones, que constituyen un monumento al déficit de razonabilidad y a la incapacidad de interpretar la dinámica social.

Esto, de ninguna manera, deviene en una insinuación para que los congresistas abandonen la facultad constitucional de hacer las leyes. Se trata de una apuesta por perfiles que desde el escaño congresual superen el simple ejercicio de someter legislaciones -para hacerse “productivos”- como panacea ante fenómenos que se resuelven con controles, seguimiento, vigilancia, fiscalización y criticidad frente al exceso de poder.

El interés por el bien común y el rol de atalaya denunciante desde la tribuna congresual, para colocar un muro de contención a males tan perniciosos y distorsionantes como la corrupción administrativa, son responsabilidades de legisladores que se respetan a sí mismos y a sus electores.

En ese contexto, el bajo perfil está contraindicado y si es necesario “ser mediático” -por encima del enfoque peyorativo y conservador a ultranzas de algunos- recibamos con aplausos esa manera de posicionar las críticas, aun sean altisonantes y repetitivas, contra quienes nos roban el país con la complicidad por omisión de los predicadores de un falso recato.

República Dominicana cuenta con un bloque de leyes avanzadas que, si se aplicaran con todo rigor en su sistema de consecuencias, la corrupción administrativa no sería hoy el gran leviatán que nos desarticula como sociedad y bloquea el camino hacia un futuro promisorio.

Por sólo citar una parte de la plataforma legal sobre la materia, contamos con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, firmada el 10 de diciembre de 2003; la Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada en 1996, y la Ley de Función Pública de 2008.

Además, la ley que instituye el Sistema Nacional de Control Interno de la Contraloría General de la República, así como la de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Sin embargo, no perdemos la capacidad de asombro ante los incesantes horrores de la corrupción impune. Necesitamos legisladores disruptivos, defensores públicos, arriesgados, valientes, fiscalizadores, reformadores, comprometidos genuinamente con sus votantes y no titiriteros capturados desde su génesis por poderes fácticos e intereses creados.

“¡Oh legislador! No me des leyes para los pueblos, sino pueblos para las leyes”.-Pitágoras-