Cuando en los asuntos cruciales, como el caso de la ley de partidos políticos y régimen electoral en la República Dominicana, las fuerzas sociales o personas no deciden oportunamente, se recurre a varios apelativos para definir la cuestión. En España se le llama a eso marear la perdiz, mientras en otras partes de Iberoamérica se usan diversos términos, como darle vueltas a la noria, entretener, entre otros. En el habla popular dominicana se conoce como “merengueo”.

En el caso específico de la normativa electoral y demás que se discute, los partidos dominicanos tienen más de 15 años mareando la perdiz, sin enfrentarse al hecho concreto de que se aprueben los estatutos que todos piden pero que ninguno quiere. Luego de haber alcanzado determinado nivel de consenso en la mayoría de los aspectos—los menos fundamentales, por cierto—las organizaciones políticas se distancian por el tema de la financiación electoral, pero más aún ahora en lo relacionado con las primarias para la elección de candidatos.

No cabe duda de que los partidos no quieren ninguna normativa que los ajuste a las reglas, si bien sus dirigentes alegan lo contrario de cara al país. Y eso cabe para todos, más al Partido de la Liberación Dominicana, cuya mayoría en el Congreso Nacional en algún momento daba para resolver cuestiones fundamentales sin la ayuda de las demás fuerzas del espectro.

Antes que el PLD, la mayoría suficiente la tuvo el Partido Revolucionario Dominicano que no se preocupó por la aprobación de una nueva legislación electoral y la llamada ley de partidos y organizaciones políticas, en razón de los mismos intereses que los entonces dominantes le atribuyen ahora a la formación que Gobierna, es decir, no querer que se les impongan controles.

Darle vueltas a la noria le ha tocado al Comité Político del PLD que en múltiples reuniones no ha encontrado un punto de convergencia para que la intención de ley camine en el Congreso. Un temperamento propio de quienes no quieren que las cosas se hagan, lo demostró el Comité Político peledeísta en su reunión de este lunes, cuando la tangente propicia fue delegar el asunto a una comisión de abogados expertos en derecho constitucional que no tengan intereses partidarios.

Esta comisión de “independientes” deberá estudiar si las primarias abiertas con el padrón general de la Junta Central Electoral—es decir, los más de siete millones que para las elecciones de 2020 tendrán sobre 18 años—no chocan con preceptos constitucionales, para luego el CP hacer sus recomendaciones a los legisladores oficialistas. Y es aquí el detalle: si alguien conoce a un dominicano independiente que se lo muestre a Dios.