Eddy Olivares Ortega
Cuando los partidos políticos, con sus monopólicas candidaturas a cargos de elección popular, en una Democracia Representativa, no presentan propuestas de personas dignas e idóneas para ser elegidas por los ciudadanos como sus representantes, ponen en riesgo la transparencia y el adecuado funcionamiento de la Administración Pública.
Sin embargo, cuando además de esto, un partido hegemónico tiene el control absoluto del Estado, como ocurre en nuestro país, también se lesiona, progresivamente, la institucionalidad y se debilita el Estado de Derecho.
Precisamente, son estas malas prácticas las que disparan la desconfianza de la ciudadanía en los partidos políticos y crean las condiciones para que la sociedad civil encabece las grandes jornadas de lucha contra las mismas.
Como es natural que ocurra cuando se producen acontecimientos públicos escandalosos, el desconcierto se apodera de los ciudadanos, quienes en esas circunstancias llegan a dudar de las bondades de la Democracia Representativa, la cual rechazó Rousseau en Inglaterra, bajo el argumento de que los ingleses eran un pueblo libre sólo el día que votaban.
En ese sentido, el filósofo italiano Norberto Bobbio sostiene lo siguiente: “La democracia de los modernos se distingue de la de los antiguos por la manera en que el pueblo ejerce el poder: directamente, en la plaza o ágora entre los griegos, en los conzitia de los romanos, en el arengo de las antiguas ciudades medievales, o indirectamente, a través de representantes, en los Estados modernos”.
A propósito de la antigua democracia, con ella está sintonizada la novedosa forma activa de participación política que simboliza el itinerante Libro Verde en el que la sociedad civil procura estampar una cantidad de firmas tan significativa que haga que el Palacio Nacional designe de inmediato, lo que es poco probable, una comisión de fiscales independientes que investigue las operaciones de la constructora Odebrecht en la República Dominicana y le ponga fin a la impunidad.
El referido “Libro Verde”, desde ya, ha sido un rotundo éxito y nadie lo puede negar. No obstante, ¿qué harán sus promotores con las decenas de miles de firmas que cada día lo agigantan?.
Nada sería más útil para la causa que dio origen a esta creativa y exitosa campaña que convertir sus miles de firmas en el combustible que encienda una iniciativa legislativa popular que procure la creación del Fiscal Independiente.
Desde la incorporación en la Constitución del 2010 de la iniciativa legislativa popular, y la promulgación, el 28 de julio del 2015, de la Ley 136-15 que la regula, el Congreso Nacional no ha sido apoderado de un proyecto de este tipo, el cual, de conformidad con el artículo 97 de la Carta Sustantiva, requiere de la firma de no menos del dos (2%) por ciento de los ciudadanos inscritos en el registro de electores, cantidad que ya ha sido superada en el “Libro Verde”, tomando en consideración que los electores actuales suman 6,765,245.
La iniciativa popular es un mecanismo de democracia semidirecta que, al margen de los reclamos que le viene formulando la sociedad al Poder Ejecutivo, el cual encabeza el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, pondría a prueba al Poder Legislativo en lo concerniente al justo reclamo del fin da la impunidad.
