Eddy Olivares Ortega
De los 788 millones de dólares que Odebrecht admitió haber desembolsado para el pago de sobornos, con el objeto de obtener beneficios y concesiones en 25 países de América Latina, Africa, Estados Unidos y Canadá, 92 corresponden a República Dominicana.
En ese orden, tomando en consideración el señalado monto, se estima que la gigante de la construcción defraudó al país, mediante la sobrevaluación de las 17 obras que fueron ejecutadas por ella o se encuentran en fase de ejecución, por un monto inmensamente superior al de los referidos sobornos. No obstante, la cantidad exacta de divisas que por este concepto le arrancó la constructora a la maltrecha economía dominicana, todavía se desconoce.
Sin embargo, lo que sí es cierto es que la declaración de culpabilidad de la poderosa Constructora Odebrecht, ante la Justicia de Estados Unidos, Suiza y Brasil, sepultó para siempre su reputación.
Hasta ahora, como era de esperarse, todo lo relativo al escándalo Odebrecht se ha centrado en la corrupción y el daño causado a la precarias economías de los países afectados, arruinando, de paso, las carreras políticas de muchos líderes latinoamericanos.
Las delaciones de los ejecutivos nos traen cada día nuevas y asombrosas informaciones. La última se refiere a que el alto ejecutivo, Hilberto Silva, denunció que campañas electorales de República Dominicana, El Salvador, Angola, Venezuela y Panamá, fueron financiadas por Odebrecht a través de Joao Santana, quien trabajó, exitosamente, en las últimas campañas electorales del PLD.
Si resultara cierto que la compañía brasileña Odebrecht se entrometió en nuestras campañas electorales, mediante el financiamiento de uno o varios partidos o candidatos, estaríamos frente a una violación a la Ley Orgánica Electoral 275-97, la cual establece lo siguiente: “Todos los actos de cooperación, asistencia o contribución económica a los partidos son función exclusiva de las personas naturales y jurídicas nacionales privadas”.
No existe ninguna duda de que los efectos corruptores de Odebrecht sobre los, muchas veces, corrompidos gobiernos latinoamericanos, tendrán de pies en las calles, por mucho tiempo, a la sociedad de cada uno de los países, reclamando sanciones para los cómplices de la fraudulenta empresa brasileña.
Por vía de consecuencia, América no volverá a ser la misma después de los sobornos y las sobrevaluaciones. La corrupción y la impunidad serán acorraladas por la sociedad.
Tras este descomunal escándalo, el liderazgo político tiene la oportunidad de levantarse del descrédito en el que ha caído en los últimos años y transformar los partidos en dignos intermediarios entre la sociedad y el Estado.
Entonces, procuremos que el vergonzoso episodio de Odebrecht y sus cómplices sirva para que las élites partidarias, principalmente las del PLD, conviertan en realidad la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica Electoral y la Ley de Partidos.
Merecemos un verdadero Estado de Derecho volver a la institucionalidad, que fue suplantada por la impunidad. Procuremos que el Ejecutivo gobierne con honestidad en beneficio del pueblo, que el Legislativo apruebe las leyes orgánicas que están pendientes desde la Reforma Constitucional del 2010 y que el Judicial sea el contrapeso que proteja a la sociedad.
