Desde mi punto de vista entiendo que los procedimientos que se han venido implementando para la ejecución de los pactos y alianzas electorales deben ser profundamente revisados, para evitar la creación de situaciones un tanto complejas y conflictivas.
En este proceso electoral el partido que personifica la alianza, a la vez que ha pactado acuerdos con organizaciones aliadas en determinadas localidades, al mismo tiempo ha permitido que otros partidos aliados también lleven candidaturas propias al margen del pacto o alianza oficial.
Desde una visión institucional nada impide que esto ocurra y esté revestido de legalidad, ya que en el acuerdo general se establece que esa agrupación política tiene todo el derecho de llevar candidaturas propias en esas localidades, lo cual implica que en determinados municipios y provincias existan candidaturas del mismo frente aliado que en la práctica actúan como adversarias.
En esa situación generalmente se esgrimen los argumentos de que la alianza institucional es la que se ha oficializado, aunque los votantes del partido mayoritario entiendan lo contrario, ya que es posible se sientan mejor representados en la boleta alterna, que no responde a la alianza oficial, pero que su composición tiene mayores niveles de coincidencia, más cercanía y una vinculación más efectiva.
Esta realidad está ocurriendo en gran parte de la geografía nacional, lo cual ha venido provocando enfrentamientos entre compañeros de la misma organización, utilizándose el argumento de parte de los representantes de la alianza oficial, de que la boleta del partido aliado es ilegal y que no representa al frente progresista, en cambio, en muchas situaciones los que encabezan las boletas alterna de algún aliado, argumentan que ellos representan con mayor legitimidad los intereses de las bases del partido que personifica la alianza.
Mi conclusión es que esa maraña debe de resolverse para las próximas elecciones, estableciendo procedimientos y reglas que organicen estos pactos y alianzas, porque una simple oficialidad de un acuerdo, no necesariamente implica un mayor grado de legitimidad, simpatía, receptividad y apoyo en la militancia de la organización que en definitiva es que representa en la mayoría de los casos, más del 90% de los votantes que ejercerán su derecho al voto.
Por lo tanto soy de opinión que donde basado en las actuales bases legales, se ha permitido que organizaciones aliadas que apoyan al Presidente Danilo Medina, interactúen en este proceso, se actúe con la mayor prudencia posible, para no afectar a organizaciones con una amplia tradición unitaria con el PLD y que siempre han jugado un rol protagónico en los pasados procesos electorales, siendo muchas veces decisivas para la obtención de esas victorias.
Vamos actuar con espíritu unitario, permitiendo que cada quien haga su trabajo a favor de Danilo Medina, dejando que realicen su labor proselitista sin trabas ni obstáculos y que sea la simpatía del electorado quien en definitiva determine quien es el que tiene los méritos para ser bendecido con el voto popular.