El 2 de enero, mientras miraba un juego de baloncesto desde la comodidad de mi hogar en Harlem, noté cómo las redes sociales enloquecían con la información de que Trump había bombardeado Venezuela en busca de Nicolás Maduro. Entre las dudas sobre la veracidad de la información, el frenesí propio de las redes y el silencio inicial de las principales cadenas de noticias, finalmente se confirmó la captura o secuestro del presidente Maduro y su esposa.

Se trata de un movimiento que, aunque no es nuevo, resulta profundamente peligroso, porque consolida una tendencia propia de este momento histórico: la era post constitucional en el sentido práctico.

Han pasado ya más de 230 años desde la firma de la primera constitución moderna, el 17 de septiembre de 1787 en Filadelfia, concebida precisamente para estar por encima de coyunturas y personalidades. Aquel marco jurídico establecía límites claros al poder; fue uno de los grandes aportes del imperio contemporáneo estadounidense. Hoy, sin embargo, esa misma idea está siendo atacada por la clase dominante del país que la creó y la difundió por el mundo: algunos líderes lo hacen por acción directa y otros por una inacción claramente cómplice.

Han pasado más de 230 años desde la firma de la primera constitución moderna, el 17 de septiembre de 1787 en Filadelfia, concebida precisamente para estar por encima de coyunturas y personalidades.

Aquel marco jurídico establecía límites claros al poder; fue uno de los grandes aportes del imperio contemporáneo estadounidense. Hoy, sin embargo, esa misma idea está siendo atacada por la clase dominante del país que la creó y la difundió por el mundo: algunos líderes lo hacen por acción directa y otros por una inacción claramente cómplice.

Esta tendencia se refleja también en el ámbito interno. Sentencias de cortes supremas estatales que quedan sin efecto por razones políticas y, ahora, decisiones tan graves como atacar militarmente a otro país tomadas por el poder ejecutivo, ignorando al principal poder del Estado o al menos al que ostenta la mayor representación ciudadana: el Congreso de los Estados Unidos.

Dicho esto, regresamos a Maduro y a la Carta de las Naciones Unidas, otro gran aporte histórico íntimamente ligado a los esfuerzos del imperio estadounidense bajo el liderazgo de Franklin D. Roosevelt. Hoy queda en evidencia que dicha Carta funciona como camisa de fuerza para los países débiles y como mera decoración retórica en los discursos de los países poderosos.

Todo esto ocurre cuando aún está fresca en la memoria colectiva lo costoso que fue el mal uso, y el debilitamiento de la Liga de las Naciones, un fracaso que condujo al mundo a una guerra mundial en la que murieron entre 70 y 80 millones de personas, con las armas disponible en esa época.

Ignorar el derecho internacional o exigir su cumplimiento sólo a los adversarios, es una conducta ampliamente documentada. No es nada nuevo. Pero la realidad se impone: Nicolás Maduro tendrá un juicio en una corte federal de Nueva York, a solo 300 metros del lugar donde su captor, Donald Trump, fue condenado, poco más de un año atrás, por 34 crímenes.

Sin embargo, el color de la piel del presidente venezolano parece anticipar que su sentencia sí será cumplida, por las mismas razones por las cuales aquella otra no lo fue: el poder.