SANTO DOMINGO.- El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dejó sin efecto la persecución penal contra Maxy Gerardo Montilla Sierra, luego de aprobar el acuerdo mediante el cual este y once empresas vinculadas aceptaron pagar más de dos mil millones de pesos al Estado dominicano y proceder a su disolución definitiva.
La decisión, contenida en la resolución núm. 057-2025-SACO-00191, fue emitida por el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla, quien consideró que se cumplían los requisitos para aplicar el artículo 370.6 del Código Procesal Penal, el cual permite la extinción de la acción penal cuando el imputado colabora con la investigación, reconoce los hechos y se compromete a reparar el daño causado.
Como parte del acuerdo, Montilla entregará RD$2,000 millones en favor del Estado, pagará RD$600 millones a las empresas distribuidoras Edeeste, Edesur y Edenorte por concepto de indemnización, y saldará RD$431,816,307 en impuestos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Además, se ordenó la disolución de las 11 empresas implicadas en un plazo máximo de dos años.
En septiembre pasado, Montilla también firmó un criterio de oportunidad con la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). En ese documento, se comprometió a colaborar con la investigación, aportar información y testificar contra otros implicados que integrarían la presunta red dedicada a actividades ilícitas en perjuicio del Estado dominicano.
El acuerdo señalaba que Montilla continuaría ofreciendo datos relevantes que permitan avanzar en los procesos relacionados con la supuesta asociación de malhechores que operaba en el sector eléctrico.
El acuerdo de devolución fue de 3,500 millones
El abogado Miguel Valerio afirmó que el acuerdo entre el Ministerio Público y Maxy Montilla establece la devolución de tres mil quinientos millones de pesos de un total de cuatro mil millones que le fueron encontrados, acuerdo que no considera inmoral, pues “no hay algo más moral que cuando tú reconoces tu culpa tú mismo, diciendo yo soy culpable de algo”.
El convenio judicial fue presentado al tribunal por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y recibió el aval del juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
