Montalvo explicó que toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delito precedente de lavado de activos.

“El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, enfatizó.

Explicó que el Senado no las incluyó como nuevos sujetos obligados, debido a que el estándar del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI)  establece sólo a los casinos, y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a 3,000 dólares.

“Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados”, aclaró el funcionario.

No obstante, dijo que cuando un propietario o ejecutivo de una banca de apuestas hace algún tipo de operación bancaria o inmobiliaria, se le debe realizar una debida diligencia ampliada, como indican las recomendaciones del GFI, debido al riesgo vinculado al alto movimiento de efectivo a sus actividades.

Montalvo explicó que los sujetos obligados son aquellas empresas que deben implementar estándares de conocimiento de sus clientes, para evitar que los mismos los utilicen como mecanismo para lavar activos provenientes de operaciones  ilícitas.

Además de casinos, la nueva lista de sujetos obligados incluye agentes inmobiliarios, firmas constructoras, fiduciarias, entre otras. Esta lista de sujetos obligados está alineada con los requerimientos del Grupo Acción Financiera Internacional en su recomendación 22 de sus nuevos estándares.

“Esto no es una lista cerrada, en todo caso. Se pueden incluir otras entidades como sujetos obligados por resolución del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, luego de estudios sectoriales de riesgos y previa consulta pública”, explicó Montalvo.

En ese sentido, el funcionario indicó que “la inclusión o no de un tipo de un sector como sujeto obligado depende de la actividad de sus clientes. Es decir, se determina en cuanto al tipo y monto de las transacciones de los clientes, no del negocio en sí”.

Dijo que si en el futuro se determina que los clientes de un sector están realizando transacciones de alto monto y poca transparencia, el Comité Nacional podrá incluirlos como sujetos obligados.

Un delito precedente es aquel cuyo producto, dinero o bienes, se busca ocultar o disimular porque proviene de un origen ilícito. (Listin Diario)