SANTO DOMINGO.- María Olimpia Tavárez y los hermanos Juan José y José Alejandro de la Cruz Morales, apresados este miércoles durante los allanamientos que dentro de la Operación Falcón realiza el Ministerio Público junto con la DNCD, son reincidentes en las imputaciones de droga.
En el caso de María Tavárez, ésta fue condenada en 2013 a cumplir tres meses de prisión preventiva en Najayo Mujeres, por estar vinculada a una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Fue acusada de lavar cerca de 100 millones de pesos, para su novio, el colombiano Huber Oswaldo Buitrago Ruiz, quien fue condenado en 2016 por lavado de activos y liberado en 2020.
En el expediente, el Ministerio Público argumentó que Tavarez tenía pleno conocimiento y se prestó para hacer aparentar ser la propietaria de una villa, marcada con el E1-12, la cual fue adquirida por un unos US$2 millones, dentro de la parcela 220-B-12-A en San Pedro de Macorís, proyecto turístico Metro Country Club.
Asegura que ese inmueble pertenecía a Ángel Rafael Cordero Peguero, que fue adquirida como parte de un presunto pago por deudas pendientes, por Buitrago Ruiz.
Pero que, sin embargo, dice que con el fin de ocultar su real propietario, la imputada, junto con Raimundo Antonio Peña Martínez, maniobraron para realizar un contrato de venta.
Los hermanos De la Cruz Morales
Juan José fue implicado por las autoridades estadounidenses en el alijo un decomiso de 1.786 kilos de cocaína, considerado el mayor cargamento registrado en la historia de Puerto Rico.
La droga decomisada en el 2016 estaba valorada en 45 millones de dólares, según las autoridades de Puerto Rico de ese entonces.
Este estuvo entre los siete hombres detenidos, todos dominicanos, cuatro de estos arrestados en Puerto Rico y el resto en el país.
José Alejandro fue apresado en el 2013 también en Puerto Rico, cuando intentaba ingresar ilegalmente a esa isla en una yola.
En ese entonces, las autoridades boricuas revelaron que presentarían cargos contra Cruz Morales por entrar a su territorio de manera ilegal luego que hace años había sido repatriado de su territorio por varios hechos delictivos.
Además, en 2012, fue capturado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) cuando transitaba junto a otra persona en un vehículo con una nevera playera repleta de dólares por el peaje de la autopista Duarte.
Fue favorecido con un “No Ha Lugar” por magistrado José D. Duvergé Mejía, juez del Quinto Juzgado de Instrucción de la Provincia de Santo Domingo, por la acusación de lavado de activos.
El juez alegó que al momento de detenerlo la DNCD no tenía facultad para ejecutar una orden de arresto, a pesar de que el mismo fue apresado en flagrante delito. Además ordenó la devolución de los 493 mil dólares que le habían ocupado.
El caso director de Comunidad Digna
Otro apresado es Juan Maldonado Castro, quien funge desde septiembre de 2020 como director de Comunidad Digna, entidad creada con el objetivo de crear un Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza y la cual se enfoca en la promoción del desarrollo integral y en la mejora de la calidad de vida en términos económicos, políticos, sociales y culturales de las comunidades más vulnerables del país.
Este abogado fue diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) por la provincia El Seibo por cuatro períodos consecutivos, según su perfil en la página web de Comunidad Digna, donde fungió como presidente de la comisión permanente de Asuntos Municipales y Deportes y de la comisión permanente de Turismo.
Asimismo, participó como miembro activo de la comisión permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, comisión permanente de Contrato y comisión permanente de Deuda Pública.
