Bartolomé Pujals (derecha, camisa y chaqueta), miembro de Poder Ciudadano

Santo Domingo.- Las organizaciones convocantes de la Marcha Fin de la Impunidad, amparadas en Ley General del Libre Acceso a la Información Pública, solicitaron a la Procuraduría General de la República la entrega del acuerdo económico entre dicha institución y la constructora Odebrecht anunciado al país por el procurador general Jean Alain Rodríguez el viernes 19 de enero.

El acuerdo, sostienen, debe ser hecho público por considerarlo de interés para toda la ciudadanía, especialmente en esta coyuntura en la que se reclama transparencia y justicia. En la carta, dirigida al Procurador General, con copia al responsable de Acceso a la Información, el colectivo afirma que la información será utilizada para completar los trabajos que realizan para dar fin a la corrupción y la impunidad en nuestro país.

Bartolomé Pujals, miembro de Poder Ciudadano, explicó que una de las razones por las que se requiere conocer el acuerdo es confirmar que con la indemnización supuestamente ofrecida por Odebrecht no se extinga la acción penal: “una de las cuestiones que nosotros queremos que se garantice es que los implicados, tanto de Odebrecht como los funcionarios públicos, no sean protegidos por un acuerdo indemnizatorio que evite que puedan ser perseguidos y sometidos a la acción de la Justicia”.

Resaltaron que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar conforme a lo establecido en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por la República Dominicana. “Los funcionarios del Ministerio Público sujetarán sus actuaciones estrictamente a criterios de transparencia y desarrollarán sus potestades y atribuciones, adoptando las medidas administrativas que tiendan a asegurar el adecuado acceso a los funcionarios del Ministerio Público por cualquier interesado, de manera que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos que se adopten en el ejercicio de sus funciones, por cuanto, los actos y acuerdo, así como los documentos que le sirven de sustento o complemento son públicos”, indicaron en la misiva.

Asimismo, recordaron a la institución que, según lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 200-04, la información requerida debe ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, con posibilidad de prórroga en caso excepcional. El documento está firmado por Pujals y Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana.

El colectivo continuará realizando otras acciones para garantizar que el proceso iniciado con la marcha del pasado 22 de enero no se detenga hasta que sean investigados y procesados los implicados, cancelados todos los contratos con la constructora y devuelto el dinero robado a través de sobrevaluaciones y sobornos. (El Caribe)