En agosto del 1978, cuando fui designado subsecretario de agricultura por el presidente Antonio Guzmán y gracias a la confianza que deposito en mi Hipólito Mejía, designado como secretario de dicha cartera, enfrentamos la primera crisis apenas días después de la juramentación.
Se trataba de la fiebre porcina africana que se estaba expandiendo en el país y que se produjo aparentemente por la importación de derivados del cerdo traídos de España, que en esa época tenía el mismo problema.
Se tomaron medidas para proteger las granjas que tenían una producción comercial con relativa buena tecnología, pero la producción artesanal comenzó a eliminarse. Y antes no era como ahora ya que la mayor cantidad de cerdos se encontraban dispersos en miles de granjas pequeñas y patios de la zona rural.
La decisión fue eliminar toda la población porcina, cerca de 1.4 millones de animales, lo que fue una experiencia aterradora. Y aunque pocos años después la producción se había recuperado, la mayoría fue en granjas de grandes y medianas dimensiones donde ya el cerdo no era la alcancía de los pobres.
La producción porcina llego a convertirse en una actividad tecnificada, de alta calidad y productividad, con razas seleccionadas, llegando a alcanzar en el 2019 una cantidad superior a la cifra que había antes de la fiebre porcina en el 1978.
Hablamos de más de 1.4 millones de cerdos (unos 200 millones de libras) que se consumen al año en el país y aun así se importan unos 90 millones de libras de partes de cerdo que se usan principalmente en la industria procesadora y en menor proporción como cortes frescos, especialmente las chuletas.
Ya no se trata de cerdos de patios o pequeñas granjas rurales donde era fácil contraer la enfermedad. Hablamos de una industria muy desarrollada que ha logrado crecer y sobrevivir aun con una masiva importación de cerdos de Estados Unidos que subsidia su producción.
La pregunta es ¿cómo se manejará este proceso de eliminación o contención de la enfermedad en las actuales circunstancias?
En primer lugar, el problema no es solo del gobierno sino de todos los dominicanos. En segundo lugar, ya el PLD quiere politizar el tema sabiendo que la enfermedad es recurrente y se ha presentado en más de 70 países de todos los continentes, incluyendo Estados Unidos con sus rígidos controles sanitarios. Y, en tercer lugar, es casi imposible evitar la contaminación cuando se importa una gran cantidad de cerdo para la industria y el consumo.
Lo inmediato es detectar todos los brotes de la enfermedad a nivel nacional. Después aislar esas zonas y proteger las granjas donde no se detecten casos, restringiendo su acceso, vacunando y aplicando controles estrictos, incluyendo la descontaminación de vehículos y personas a la entrada de las granjas.
Una vez identificado esos brotes, comenzar eliminando a toda la población porcina de la zona, enferma o no, porque tarde o tempranos todos los demás cerdos se van a contaminar. Si se logra controlar la infección con estas medidas es posible que muchas granjas sobrevivan y no se tenga que sacrificar a toda la población porcina.
Mientras tanto, sanidad animal debe controlar que la venta de cerdo sea estrictamente de granjas certificadas prohibiendo su consumo en lugares donde no se pueda ejercer ese control. Deben convencer a la población de que consumen un cerdo criollo que está garantizado y libre de la enfermedad.
Las compensaciones económicas es otro asunto que debe tratarse porque de lo contrario repoblar de cerdos al país será un asunto de muy largo plazo. Ya el presidente Abinader anunció que el gobierno pagará al precio del mercado los cerdos que sean sacrificados por la enfermedad.
Será una batalla difícil, costosa y dolorosa donde cientos de pequeñas y medianas empresas podrían ir a la quiebra y muchos empleos se perderían. Solo la confianza del consumidor en las medidas sanitarias para garantizar un producto sano y seguro evitarían un mal mayor.