Santo Domingo.- El empresario José Enrique Yáber y su esposa, Michelle Pomares, denunciaron que llevan más de cuatro años inmersos en un proceso judicial, luego de haber entregadoUS$300,000 como pago para la compra de un apartamento en el proyecto Torre Bellorizonte, en el Distrito Nacional, el cual dice fue posteriormente transferida a terceros sin su conocimiento.

Según la denuncia, el caso se originó tras la firma, en noviembre de 2017, de un contrato de promesa de venta para la adquisición del apartamento 11-A del referido proyecto. Según indican, la entrega de la unidad estaba prevista para enero de 2019.

La familia señala que, tras incumplirse ese plazo y luego de varios intentos de seguimiento, pudo constatar que el inmueble había sido incluido en una serie de transferencias realizadas el 25 de febrero de 2020.

En esa fecha afirman 26 apartamentos del mismo proyecto fueron traspasados a una empresa de reciente constitución.

Sostienen que otras unidades habrían sido transferidas a sociedades que, según los registros consultados por sus abogados, ni siquiera estaban constituidas al momento de las operaciones.

A partir de estos hallazgos, Yáber y Pomares presentaron en marzo de 2021 una querella penal por presuntos delitos de asociación de malhechores, abuso de confianza, bancarrota y lavado de activos.

Desde entonces, según su versión, el proceso ha estado marcado por decisiones de archivo, requerimientos de pruebas no tramitados con celeridad y sucesivos incidentes procesales.

La representación legal de la pareja sostiene que la Fiscalía del Distrito Nacional archivó actuaciones respecto de algunas de las personas y entidades vinculadas al caso, sin haber agotado diligencias de investigación previamente solicitadas por los querellantes.

Por ello, fue necesario acudir ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, instancia que revocó esos archivos y dispuso el envío a juicio de las personas excluidas según alegan de manera injustificada del expediente.

También indican que, una vez apoderado el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para conocer el juicio contra los imputados, el tribunal ordenó al Ministerio Público agotar varias diligencias de investigación. Sin embargo, ante el incumplimiento de estas medidas, fue necesario requerir una nueva orden judicial para su ejecución.

El caso ha pasado por distintas instancias judiciales. Según los abogados de los señores Yáber y Pomares, decisiones de cortes superiores que ordenaban continuar el proceso fueron seguidas por resoluciones posteriores de tribunales de primera instancia que declararon la nulidad o inadmisibilidad de la acusación, basadas en objeciones procesales relacionadas con el tipo de acción aplicable a algunos de los hechos denunciados.

Actualmente, el expediente se encuentra pendiente de conocimiento ante la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que fijó el juicio de fondo para el próximo 18 de marzo de 2026.

“La expectativa de nuestros representados es que el caso sea finalmente conocido en juicio de fondo”, indicó la representación legal de la familia Yáber, que asegura que el expediente contiene documentación sobre las transferencias cuestionadas y el recorrido de los fondos entregados.

Por su parte, Yáber señaló que el caso plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de protección para compradores en operaciones inmobiliarias, así como sobre la respuesta institucional ante controversias de esta naturaleza.(eldia)