Río San Juan.- Un teniente y varios militares que custodian la edificación que se construye en la playa de los Guardias, vejaron y hasta amenazaron con “entrarle a tiros” al alcalde y la vice alcaldesa de este municipio, cuando ambos, junto al presidente de la Sala Capitular, se presentaron al lugar al ver que se estaba trabajando en ella, violando una ordenanza del cabildo que paraliza la obra.
El violento incidente ocurrió a alrededor de las 6:00 de la tarde del pasado sábado 16 de agosto, pocas horas después de que el alcalde Alberto Alonzo rindiera sus memorias y se escogiera el nuevo bufete de la Sala Capitular, el cual quedó presidido por el regidor Juan José Canaán, para luego acudir al lugar tras recibir informes de que se había seguido trabajando, a pesar de que hacía más de una semana se había notificado bajo alguacil que la obra quedaba paralizada por no contar con los permisos municipales correspondientes, incluyendo que están siendo levantados en un área protegida.
Cuentan que al presentarse al lugar el alcalde Alonzo, la vice alcaldesa Fidelina José y el regidor Canaán, a indagar sobre quien había autorizado continuar la construcción, recibieron como respuesta una serie de improperios y amenazas de ser “bañados a tiros” si no se iban del lugar. “Lo mejor que ustedes pueden hacer es seguir su fiesta y seguir su camino, si no quieren recibir un par de tiros”, le habría dicho un teniente del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística –CESTUR- y varios subalternos que le acompañaban en la obra.
Este incidente es otro capítulo más de la situación que se viene presentando por la construcción de los edificios alojarán los cuarteles de varias instituciones castrenses, sin contar con la debida autorización del cabildo y sin que ni siquiera se haya llegado a un acuerdo de compra con los legítimos dueños de dichos terrenos.
Tras el incidente, el alcalde Alonzo y la vice alcaldesa José, han optado con poner al tanto de la situación a las autoridades competentes, y le advirtieron al ministerio de Turismo que si no cumplen con la ordenanza que paraliza la obra hasta tanto no cumplan con los requerimientos de lugar, lanzarán el pueblo a la calle.
Según fuentes confiables, el oficial envuelto en el incidente habría negado ante sus superiores que hubiera amenazado de tirotear a las autoridades municipales, y dijo que por el contrario, fueron ellos, el alcalde, la vicealcaldesa y el regidor, quienes se presentaron “borrachos, a la una de la madrugada y en tono amenazante”, ante todo el que se encontraba en la obra.
Costaverdedr.com trató de conseguir la reacción tanto del alcalde Alonzo como la vicealcalde José, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Allegados a ambos nos dijeron que se encontraban en la capital tratando de poner al tanto de la situación a las autoridades competentes.
Con quien sí conversamos fue con el abogado Félix Rivera, abogado de los legítimos dueños de los terrenos donde se construye la obra, y quienes mediante orden de alguacil y en compañía de las autoridades municipales, mandaron a paralizar la obra.
“Ellos nos engañaron; están usando tácticas dilatorias para seguir la construcción sin llegar a ningún acuerdo de compra con mi representado”, dijo Rivera.
Dice que tras la orden de alguacil que paralizó la construcción, contrataron dos guardianes privados del municipio de Cabrera para que se encargaran de velar que se cumpliera con la ordenanza; pero que pocos días después, el entonces director de Cestur, general Justo Martín Amilcar Fernández Tejada, le dijo que no era necesaria la presencia de los guardianes privados, ya que él se comprometía a no dejar pegar un block en la obra hasta que no se resolviera la situación, por lo que procedieron a retirar los guardianes, llevándose luego la sorpresa de que siguieron trabajando, quedando tiradas por el suelo las palabras del general.
Rivera dijo que han dado todos los pasos necesarios para que la Cestur honre el compromiso con la familia Guzmán Lubrano, propietarios de los terrenos, pero que hasta el momento sólo han recibido tácticas dilatorias de parte de Turismo, quienes ahora le dicen que lo que tienen que hacer es solicitar el pago de los terrenos al Gobierno, violando así la Constitución, que establece que no se puede hacer una orden de apropiación de terrenos si no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios y se haya hecho el pago correspondiente.
Recordó que donde se levantan los edificios había un destartalado cuartel de la Marina, cuyos terrenos había sido cedidos en calidad de préstamo por la familia Guzmán Lubrano, por necesidades del momento, pero que cuando lo requirieron, lo mal interpretaron, y lo que hicieron fue construir los nuevos cuarteles.
Reveló que acudieron ante el Tribunal Superior Administrativo, donde solicitaron una medida cautelar y se realizaron tres audiencias sin conseguir que la jueza emitiera a tiempo una orden de paralización de la obra, y mientras, aceleraban su construcción.
Incluso dijo que luego de que se denunció que estaba levantando la obra en un área protegida, se destaparon con una certificación de Medio Ambiente diciendo que esos 1,200 metros no están en área protegida.
Rivera dijo que tras el incidente del sábado, este martes, Omar Dotel, asesor ambiental del cabildo, le inform que recibió una llamada telefónica de uno de los asistentes del ministro de Turismo Francisco Javier García, notificándole que el ministro mandó a parar la obra hasta tanto no se llegue a un acuerdo satisfactorio, por lo que el legisla espera esta vez se cumpla su palabra y se pueda resolver la situación.