Vladimir Alonzo

El 25 de enero del 2012 entró en vigor la ley 1-12, que establece la estrategia nacional de desarrollo de la República Dominicana, esta ley tiene como objeto establecer un orden de prioridades y la ejecución sistemática de medidas a corto, mediano y largo plazo, en aras de garantizar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento sostenible de la nación hasta el año 2030.

Entre las prioridades contenidas en dicha ley se encuentra la adopción de medidas ejecutivas, así como la impulsión de legislaciones que eleven el nivel de eficiencia con que el Estado recauda impuestos mediante la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos.

Fruto de la supra indicada ley, en las últimas semanas la concertación para un "pacto fiscal" ha sido objeto de debate y todo parece indicar que una vez instalado el nuevo gobierno y los nuevos legisladores electos, ese debate se irá intensificando hasta desembocar en otra inminente ley de reforma fiscal. Pero… ¿es esto malo?, ¿significa "pacto fiscal" que se van a elevar los impuestos?, no necesariamente.

En palabras del propio Danilo Medina, es imposible elevar el ITBIS y el impuesto sobre la renta, debido a que en sus niveles actuales, son ya de los más altos de la región. Pero si el gobierno no va a elevar las tazas, ¿qué es lo que persigue impulsando una nueva reforma tributaria?.

Verán: Al sol de hoy en República Dominicana más del 60% de las micro y medianas empresas permanecen en la informalidad, es decir; que no han optado por obtener un registro mercantil, ni suscribirse al registro nacional del contribuyente (RNC), y al no encontrarse registraros en ningún sitio, el Estado no posee ningún mecanismo para reprimir la evasión fiscal, ni otros problemas sociales y económicos que trae consigo la informalidad empresarial, como el hecho de que en la actualidad cientos de miles de empleados dominicanos se encuentren sin seguridad social y que la gran mayoría de esos empleados informales devenguen salarios por debajo del mínimo establecido por el comité nacional de salarios, pero cabe destacar que el gobierno ya ha hecho esfuerzos por cambiar estas cosas tomando medidas como la reducción de los costos y plazos para constituir una empresa; y poniendo como condición poseer una empresa formal para ser proveedor del Estado.

Así que si el enfoque del pacto es continuar esa política de creación de facilidades e incentivos fiscales para motivar al empresariado e emigrar a la formalización, el pacto fiscal lejos de ser malo es algo que necesitamos con urgencia, pues una recaudación de impuestos más efectiva y equilibrada haría innecesario recurrir con regularidad al crédito internacional, y además, al obtener esas empresas personería jurídica propia quedarían sujetas a derechos y obligaciones tales como inscribir a sus empleados en el sistema nacional de seguridad social y a no pagarles salarios de miseria por debajo de los mínimos previstos en nuestra normativa laboral.

En resumen, el pacto fiscal lo que haría es aumentar el número de contribuyentes formales, elevar los montos en las recaudaciones, eliminar subsidios por los cuales el Estado no está recibiendo ningún beneficio importante a cambio; crear mecanismos para fiscalizar los salarios y la seguridad social; y por si fuera poco, reducir considerablemente el endeudamiento. Así que no, el pacto fiscal no es malo porque no busca elevar las tazas vigentes ni crear nuevos gravámenes, busca un sistema fiscal más eficiente y equilibrado para que todos paguemos impuestos y para que la parte del empresariado que se ha formalizado, no tenga que cargar con la parte del fisco que le corresponde a la otra que opera en la informalidad y que desafortunadamente es la gran mayoría.

La presión tributaria y las tazas no pueden disminuir mientras eso no se revierta, al contrario, si el pacto fiscal no es exitoso continuarán subiendo.

Pero si en efecto, el pacto fiscal se ejecuta manteniéndose dentro de los parámetros prescritos en este artículo, es una iniciativa que todos debemos apoyar, ya que es una excelente oportunidad para hacer de la República Dominicana un país menos desigual y ordenado en términos tributarios, laborales y empresariales.