El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) ejecutado por el gobierno de Danilo Medina, tras ser dispuesto por un decreto de 1990, dos leyes y una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en un limbo, con los 196 mil 471 permisos provisionales de trabajadores temporales vencidos entre el 2019 y 2020.

La algarabía antihaitiana impuso un plan de regularización muy rígido al que concurrieron sólo el 36% de los inmigrantes registrados por la Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes ENI-2017, el 87 por ciento provenientes de Haití, de los que apenas 14 mil 763, el 5 por ciento, han alcanzado un estatus migratorio regular o definitivo.

Otro intento fallido

El PNRE, iniciado en el 2014 en plena euforia antihaitiana, tras la sentencia del TC 168-13 que lo ordenó, se encuentra atascado en la provisionalidad a consecuencia de los múltiples requerimientos que se impuso para el registro de una población inmigrante de extrema pobreza y víctima de prejuicios y exclusiones.

Después de medio año 2014 para el registro de los inmigrantes, 87 por ciento de origen haitiano, apenas un 3 por ciento logró cumplir todos los requisitos para obtener un permiso de trabajo, y para no reconocer el fracaso se apeló a emitir carnets provisionales al 97 por ciento, por uno o dos años, renovados por segunda vez en el 2017-18 y que han vencido entre el 2019 y 2020, sin que las autoridades nacionales hayan tomado decisión.

Contrario a lo que se insiste, la imposibilidad de la regularización no ha sido por falta de documentos de identidad, ya que de los 288 mil 481 solicitantes originales, el 93 por ciento los presentó y el 7 restante quedó descalificado de inmediato, por lo que se partió de 259,973. Pero de estos el 97 por ciento nunca pudo cumplir 29 requisitos en 4 ejes fundamentales, en especial las “condiciones laborales y socio-económicas”.

Como predominó el discurso antiinmigrante, los empleadores y la población en general no entendió los beneficios que para el control de la inmigración ilegal, supone la regularización de los trabajadores que necesitan las actividades económicas, en particular la agropecuaria y la construcción, donde se encuentra más del 60 por ciento de los inmigrantes haitianos. Además, su condición temporera y volatilidad de esos trabajadores dificulta que consigan certificación de empleos, de viviendas y de arraigo.

Las cifras no mienten

Las estadísticas registradas en un “Informe Final Proceso de Renovación o Cambio de Categoría Migratoria de los Extranjeros acogidos al Nacional de Regulación” de la Dirección General de Migración, no dejan dudas del fracaso. Sólo 14 mil 763 tienen en la actualidad un permiso vigente para permanecer legalmente en el país, 8,847 como estudiantes no residentes y 5 mil 916 como residentes temporales. Mientras 196 mil 480 carnets de trabajadores temporeros quedaron vencidos a noviembre del 2020, de ellos 12,779 al finalizar 2019 y otros 183 mil 701 en 11 meses del 2020.

La dimensión del fracaso se mide cuando se apela a la Segunda ENI-2017, de la Oficina Nacional de Estadísticas, auspiciada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, con apoyo internacional, según la cual en el 2017 los inmigrantes residentes en el país ascendían a 570 mil 933, de los cuales, 87 por ciento, 497 mil 825, son de nacionalidad haitiana. Los que tienen un estatus migratorio totalizan apenas el 2.58 por ciento.

El fallo es de origen, porque en la inscripción del 2015 de los 259 mil 973 solicitantes de regularización acogidos, sólo el 3 por ciento, 7 mil 831, pudieron completar los requisitos para recibir el permiso de residencia temporal ordinaria. Entonces para ocultar el fracaso se decidió darles carnets provisionales al grueso, 252,142 inmigrantes. Y de estos sólo 183 mil 718 lograron renovarlo al 2017, que son los que entre 2019-20 han visto caducar sus permisos.

Se redujeron en 68 mil 423, Migración estima que el 20 por ciento de estos porque se fue del país, y el resto por múltiples causas, incluida la falta de recursos para seguir asistiendo a las oficinas oficiales, donde muchos son víctima de extorsión. La mayoría del 3 por ciento regularizados lo lograron con apoyo económico y legal de grandes empresas azucareras, como el consorcio Vicini y Central Romana. Sus a bogados estimaron que salían sobre los 15 mil pesos.

Tres décadas por regularizar

La regularización de los inmigrantes es otro de los esfuerzos fallidos de la sociedad dominicana, que ha pasado por cuatro diferentes gobiernos a lo largo de 30 años, pues comenzó en el 1990 con el decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer que la declaró de alto interés nacional. Ya entonces se discutía una actualización de la Ley General de Migración, lo que vino a lograrse en el 2004, al final del gobierno de Hipólito Mejía. El texto dispuso la realización de un plan de registro y regularización de los inmigrantes, pero el gobierno siguiente, de Leonel Fernández, no hizo caso y el reglamento de la ley, que según la misma debía emitirse en 6 meses, se tomó 7 años, apareciendo en octubre del 2011.

Durante todos esos años se discutió y consensuó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, finalmente promulgada por el presidente Fernández en enero del 2012, y en la misma volvió a aparecer la prioridad del programa de regularización de extranjeros para comenzar a organizar y controlar la inmigración haitiana.

Un año después, en septiembre del 2013 el TC emitió su sentencia 168-13 que privó retroactivamente de la nacionalidad, hasta 1929, a decenas de miles de descendientes de inmigrantes, casi todos haitianos, que habían sido registrados como ciudadanos dominicanos, desatando un escándalo de dimensiones internacionales que sería conjurado en gran parte al año siguiente con la Ley 169-14 que se la devolvió a la mayoría, pero dejó un parte con la única opción de registrarse como extranjeros para luego optar por la nacionalidad.

La polémica sentencia volvió a disponer la realización del Plan de Regularización, lo que acató el gobierno del presidente Danilo Medina con su decreto 327-13, que lo dispuso finalmente, para 7 años después tener un balance pírrico de 14 mil regularizados, la mayoría inscritos en universidades dominicanas.

Carga al nuevo gobierno

La situación del PNRE es una carga pesada para el nuevo gobierno, que hasta el momento no ha dicho ni una palabra al respecto, tal vez consciente de que el asunta despierta pasiones que han impedido que gran parte de la población entienda que el país necesita una parte de los inmigrantes y que registrarlos es el primer paso para controlar su desbordamiento. De cualquier forma, después de iniciado el plan, ha seguido en crecimiento la inmigración haitiana, aunque no en las dimensiones del período 2006-12 cuando llegó el 62 por ciento de los registrados en la ENI-2012.

En la ENI-2017 los inmigrantes haitianos habían crecido en 39 mil 592 para cifrarse en 497 mil 825, muy lejos de los 2 millones 100 mil en que los estimó en el 2018 el “Manifiesto Patriótico” de un núcleo antihaitiano. De hecho los ultranacionalistas han sido sobreestimados, porque organizados son unos pocos miles. El partido que más los representa, la Fuerza Nacional Progresista, viene en sistemática caída electoral, pasando en su boleta presidencial del 0.73 por ciento en el 2012, al 0.35 en 2016 y apenas 0.20 en las elecciones de este año, con 8 mil 98 votos.

El nuevo gobierno tiene dos opciones: volver a renovar la provisionalidad vencida o si quiere iniciar un control real de la inmigración, sincerar los requisitos para que los 196 mil con permisos vencidos puedan alcanzar un estatus migratorio definitivo. Pero la situación se complica si se piensa en qué hacer con los otros 301 mil haitianos que según la ENI-2017 residen en el país pero no han solicitado regularización. Lo peor puede ser mantener el desorden inmigratorio del que sacan enormes ventajas económicas sectores empresariales, políticos y militares».