Santo Domingo, RD.- Al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM) Partido Revolucionario Dominicano (PRD), y al Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), el Estado le entregó unos mil millones de pesos en 2018 para sus operaciones, los cuales fueron mal gastados y derrochados, según el análisis que hizo el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana a los informes financieros que presentaron estas organizaciones políticas ante la Junta Central Electoral.
Según los informes presentados por estos cuatro partidos que recibieron el 80% de los recursos destinados al financiamiento de las instituciones políticas reconocidos ante la JCE, estos justificantes de gastos una serie de fallas contables e imprecisiones.
“Por ejemplo, en los casos del PRM y del PRSC el informe del 2018 no se compara con el del año 2017, lo cual es de rigor en todo informe contable para ser auditado. De igual forma, en una misma cuenta se registran muchos tipos de gastos dispares, y hay subcuentas y partidas que se repite en varias cuentas como son: alquileres, dietas y viáticos, transporte, etc”, cita el informe.
“Hay varias cuentas y partidas difusas que se prestan para ocultar gastos no partidarios como “trabajos políticos”, “servicios prestados”, “contribuciones y ayudas”, entre otras. En el caso del PRD las ayudas llegaron a casi 6 millones de pesos y en el PLD a 5 millones”, dice el análisis.
El análisis cuestiona el hecho de que los partidos pidan préstamos a personas físicas, teniendo posteriormente que pagar altas sumas de dinero, y cita los casos del PRSC, quien pagó unos 13 millones de pesos en intereses, y el PRD más de 14 millones, este ultimó le tomó prestado 80 millones al señor Nelson Cerda, sobre el cual “no hay evidencia en los informes, a través de las notas aclaratorias de que esos préstamos han sido aprobados por el máximo organismo partidario como estipula la ley”.
Otro de los puntos que llama la atención, según las observaciones, es sobre el informe financiero del PRM, donde se registró en 2018 gastos de más de 6 millones de pesos correspondientes al 2011 y al 2012 cuando este partido no existía. “Esto debe ser explicado por los contadores y la dirigencia de ese partido”.
También criticaron los altos gastos en alimentación, refrigerios, dietas, viáticos y fiestas. Señalaron que el PLD, solo en alimentación para sus empleados (no en actividades políticas), se gastaron 10.3 millones de pesos. “Asumiendo que los empleados del PLD trabajan 265 días al año, están gastando unos RD$39,000.00 diarios en comida, lo que luce exagerado aun si el PLD tuviera una plantilla de 100 empleados fijos”. En el caso del PRM se gastaron en fiestas unos 5 millones de pesos, lo cual consideran es contradictorio a sus déficits acumulados de 120.4 millones de pesos.
Se destaca los bajísimos gastos en educación política que estos partidos realizan en las actividades de su membresía y ciudadanía en general. “El PRM gastó 2.7 millones de pesos para solo un 1.09% del gasto total. El PRD gastó 700 mil pesos, apenas un 0.27% del gasto total. El PRSC que fue el que más gastó, ya que es el único que tiene una escuela-instituto de formación política, ejecutó 4.5 millones de pesos para un 1.78%. El PLD, penosamente, sepultando su tradición fundacional, no registra un solo peso en gasto de actividades educativas”, plantea la investigación.
Recordaron que la ley 33-18, en su artículo 62 obliga a invertir, a partir del año 2019 un 10% de los fondos recibidos para educación, por lo que estos partidos tienen un gran reto para pasar de las “ínfimas” sumas de 2018 a destinar más de 25 millones de pesos, lo cual no se evidencia que esté sucediendo en este 2019.
En función de estos hallazgos, Participación Ciudadana exhorta a la Junta Central Electoral y a todos los partidos políticos a cumplir con sus responsabilidades legales y éticas en cuanto a la instalación, funcionamiento, supervisión y evaluación de un sistema contable moderno, confiable y transparente, el cual contribuya a disminuir la corrupción, la falta de integración ciudadana y a la institucionalización de la actividad política.
