Santo Domingo.- El expelotero Octavio Dotel fue vinculado nuevamente por la Fiscalía del Distrito Nacional a la red de César Emilio Peralta (El Abusador).
Según el expediente este exdeportista utilizaba las discotecas del presunto narco, así como recursos de algunos coacusados, para obtener beneficios económicos personales a sabiendas de que eran producto de actividades ilícitas.
El Ministerio Público ha establecido en sus investigaciones que ingresó en el 2015 a la red de narcotráfico y lavados de activos.
Se recuerda que cuando se destapó el escándalo del grupo del acusado narcotraficante, el pasado año, Dotel fue dejado libre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuyo juez consideró que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para demostrar su presunta vinculación con César el Abusador.
En la acusación formal que presentó la pasada semana en contra de la red, el Ministerio Público afirma que hay conversaciones telefónicas que vinculan a Dotel realizando transacciones millonarias con algunos de los miembros de la red. Todo consta en el expediente.
La Fiscalía del Distrito Nacional atribuye a la red criminal transaccional de César Emilio Peralta (El Abusador) un emporio de empresas en el país que logró colocar, estratificar e integrar al sistema financiero nacional más de RD$3,418,786,413 procedentes del narcotráfico.
La acusación realizada por el Ministerio Público en contra de los integrantes de esa red del lavado de activos y narcotráfico establece que el entretenimiento nocturno en famosas discotecas, además de casas de cambio y venta de bebidas alcohólicas eran las principales actividades mediante las cuales se lavaba el dinero de la droga.
La estructura funcionó desde 2007 hasta 2019, según lo que ha podido investigar el Ministerio Público, el cual tiene un proceso abierto en contra de 20 personas que fungían como miembros, testaferros y prestanombres para lavar activos del narcotráfico.
Del grupo de investigadores hay nombres conocidos, debido a que fueron sometidos y se les impuso coerción. Entre estos figura José Bernabé Quiterio, Roberto José Cáceres, Obispo Féliz Lorenzo, Manuel Sánchez (Pupilo), Johanny Paniagua, Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate), Marisol Mercedes Franco, Edward Patricio Montero Cabral (Zapa- tazo) y también Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar).
Además figuran Rodolfo Cedeño Ureña (El Comandante), el expelotero Octavio Dotel Díaz, Rafael Reyes, Lidio Peña Mota y Heriberto de la Cruz Pérez (Erick Aqua).
Pero también hay seis nuevos implicados contra quienes se pide la prisión preventiva por haber actuado como presuntos testaferros. Estos son Melchor Antonio Alcántara Damirón, empresario de la construcción; Genri Daniel Santana Badía, Jhonan Alexander Ureña Martínez, Biancis Evangeline Castellanos Miranda, Reynaldo Alberto Canela y Ramón Reinaldo Guerra Molina.
Los testaferros
A Genri Daniel Santana Badía lo acusan de ser testaferro de César Emilio Peralta al adquirir un apartamento en el exclusivo proyecto Balcones del Atlántico en Samaná por un valor de US$560,000, sin ningún tipo de constancia legal de la transacción.
En el caso de Evangeline Castellanos Miranda y Reynaldo Alberto Hernández Canela, el Ministerio Público dice que estos actuaron como testaferros en la compra de la Villa Lagos 69, un exclusivo proyecto en Casa de Campo, La Romana.
Jhonan Alexander Ureña supuestamente actuó como testaferro de El Abusador en la adquisición de un yate de lujo identificado como “Yate Milán”. El Ministerio Público asegura que esa embarcación era utilizada por Cesar Emilio Peralta (El Abusador) para navegar con artistas urbanos, uno de ellos es Emmanuel Herrera Batista (El Alfa).
Modalidad
Las discotecas Kuora, VIP Room, Flow Galery Lounge, SRL, Aqua Club, el comercio Al Panino, entre otras empresas, formaban parte del entramado para el lavado. Estos negocios supuestamente se constituían a nombre de otras personas y luego pasaban la mayoría de las acciones a los principales integrantes de la red.
Para establecer la relación entre los diferentes integrantes de la organización criminal y transaccional de lavado, el Ministerio Público dice que contó con colaboración de las autoridades norteamericanas y que realizó intervenciones telefónicas autorizadas, se incautó de cheques y rastreó transacciones bancarias millonarias realizadas entre los miembros de la organización.
