La construcción de un nuevo aeropuerto internacional en Bávaro a dos minutos de vuelo jet y a 20 por carretera del ya establecido en Punta Cana, y a 40 minutos del de La Romana, es una desproporción inaceptable desde el punto de vista de las prioridades y del ordenamiento territorial que debe establecer todo Estado y sólo se puede explicar por el tráfico de influencia y el pago de favores políticos.
De hacerse realidad la concesión establecida por reciente decreto del presidente Danilo Medina, ya al finalizar sus 8 años de gobierno, habrá cuatro aeropuertos internacionales en un área aproximada de 5 mil kilómetros cuadrados, pues además del de Punta Cana y el de la Romana, cruzando la bahía de Samaná, 8 o 10 minutos de vuelo jet, se localiza el de Catey, bautizado con el nombre del profesor Juan Bosch. En Nisibón se construye otro, en principio para operaciones nacionales, que según reciente denuncia del alcalde de Higuey, no ha contado con la aprobación municipal correspondiente. De manera que en la provincia Altagracia, en sólo 3 mil kilómetros cuadrados, operarían tres aeropuertos.
A nombre de la libre empresa y competencia, se pretende una saturación aeroportuaria que complica en extremo el control y la seguridad del tráfico aéreo, y desconoce elementos relacionados con el eficiente uso de suelo en un área limitada. Si un aeropuerto es una obra pública, que conlleva responsabilidades y costos para el Estado, debería ser decidido atendiendo a prioridades y necesidades, sujeta a una licitación, con estudios propios del Estado y no simplemente avalando las consideraciones de la parte interesada, en este caso el grupo empresarial Abrisa.
Ya sólo falta que la libre competencia sea la que determine la construcción de plantas eléctricas, acueductos o represas. O que concesionen otro aeropuerto en las extensas llanuras cercanas al internacional de Las Américas, José F. Peña Gómez, para romper “ese monopolio estatal” o en las fértiles tierras de Santiago, La Vega o San Francisco de Macorís, para que compita con el aeropuerto Cibao.
La situación se torna más compleja porque esa libre competencia necesita exenciones impositivas multimillonarias, que no disfrutan otros aeropuertos privados, como los de Punta Cana, La Romana y Santiago. Ya se ha informado que al proyecto de Bávaro le otorgaron exenciones impositivas totales por 15 años, a prisa, el mismo día en que presentaron una licencia ambiental.
Como una parte del costo de construcción será con financiamiento bancario, se corre el riesgo de repetir la experiencia de ese grupo empresarial en el desarrollo turístico de Cap-Cana, que frustró a decenas de inversionistas y dejó al banco comercial del Estado con un campo de golf y un montón de solares. Ya habían tenido otro privilegio con la concesión del 1999 para administrar y mejorar los aeropuertos internacionales del Estado, con una inversión que no hicieron, pero en el 2008 vendieron los derechos, con beneficio que según publicó Listín Diario fue de 350 millones de dólares, y sin pagar impuestos por ganancias de capital.
Por suerte, ya el anunciado ministro de Obras Públicas y Comunicaciones adelantó que se revisará esta concesión para determinar su procedencia. Debe requerirse más que una no objeción decidida a la carrera, y la opinión de la Organización Internacional de Aviación Civil en lo relativo a la seguridad de las operaciones de grandes naves de pasajeros en un área pequeña. Hasta hace poco se tenía entendido que sus normativas no favorecen más de un aeropuerto internacional en cada destino, no sólo por seguridad, y posible saturación del espacio aéreo, sino también por contaminación sonora.
También tendrán que tomarse en cuenta los derechos adquiridos de las inversiones privadas en la zona y su capacidad para responder a la demanda aeroportuaria en los próximos años. Con esos tres aeropuertos internacionales tan cercanos parece haber reservas para mucho tiempo. Sobre todo si se privilegia la construcción de sendos puertos turísticos y la operación de embarcaciones que unan la punta este con la privilegiada provincia de Samaná. Ahí podría ser bien rentable económica y socialmente la inversión privada.
Estos argumentos no son en defensa de intereses particulares, que por cierto todas las empresas establecidas tienen derecho a velar por sus inversiones, sobre todo cuando asoma el tráfico político, como en el caso de Bávaro. Los primeros informes trascendieron semanas después de la sonada cena del 13 de junio del 2019, que los promotores del nuevo aeropuerto ofrecieron al presidente Danilo Medina para solicitarle que pasara por encima de la Constitución y volviera a postularse a la Presidencia de la República. No pudo, pero aparentemente ha quedado agradecido del gesto.
