El denominado “Plan Piloto” es uno de esos lugares que se establecen de manera “provisional” o como experimento, sobre todo cuando las autoridades necesitan distraer a los incautos con la apariencia de estar haciendo algo.
Imaginamos que esa dependencia de la Policía Nacional, situada en la parte sur de la capital, fue establecida allí hace décadas para descentralizar la depuración de vehículos envueltos en transacciones comerciales, de manera que quienes inviertan su dinero puedan saber que van a lo seguro.
Sin embargo, y a juzgar por varios reportajes realizados en su programa por la periodista Alicia Ortega, caer en el llamado Plan Piloto es un juego de azar donde casi siempre se pierde.
Las denuncias documentadas por la comunicadora deberían ser materia asumida, sin dilación, por el Consejo del Ministerio Público, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y la procuradora fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
La callada no puede ser la respuesta frente a las situaciones expuestas por la señora Ortega, pues se encuentra de por medio una autoridad que se supone—solo se supone—que debe velar por los intereses de quienes tienen la razón, no colocarse en el lado opuesto.
El seguimiento de los casos apunta a un representante del Ministerio Público con asiento en el Plan Piloto que, conforme las entregas de Ortega, no solo hace uso de manera inadecuada de vehículos que son objeto de investigación o litigio, sino que asume un comportamiento incorrecto frente a las controversias.
El calvario narrado por una médica que reclamaba la devolución de su vehículo retenido de manera irregular—existen decenas de experiencias similares—evidencia el comportamiento incorrecto de un oficial de la ley, pues inclusive acusó de delincuente al padre de ella, sobre quien carece de pruebas que sustenten la imputación.
Cuando decimos que las autoridades superiores de ese representante del Ministerio Público no pueden asumir silencio es porque ese tipo de conducta opera como un virus, que si no es atajado a tiempo, puede contaminar todo el cuerpo de un órgano que está llamado a observar con el más absoluto rigor, todo el entramado legal que responda a los intereses de quienes tienen la razón, no de los pícaros.
En el caso específico de la procuradora general, debe estar atenta sobre el accionar de su entorno subordinado.
