A partir de la caída de la tiranía trujillista, el 30 de mayo de 1961, los electores dominicanos han sido convocados a votar en 22 elecciones generales ordinarias, con la particularidad de que en cada una de ellas la Junta Central Electoral ha reclamado un presupuesto superior al enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso y de que ninguna ha dejado de celebrarse por falta de fondos.

Esta vez quien disparó las alarmas fue el propio presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, al advertir que el, a su modo de ver, bajo presupuesto asignado por el gobierno al órgano electoral, para el próximo año 2023, pone en riesgo el montaje de las elecciones del 2024.

La dramática advertencia del magistrado presidente del órgano administrativo electoral tuvo como motivación el argumento de que las próximas elecciones se organizarán y se pagarán en el 2023, para celebrarse en el 2024.
Tiene razón el magistrado Jáquez, en lo relativo a su argumento de que el año preelectoral implica gastos superiores a los anteriores, por el hecho de que deben celebrarse las elecciones primarias de los principales partidos.

Sin embargo, el Ejecutivo, al parecer, entendió que tomó en consideración las elecciones primarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2023, debido a que aumentó la asignación del órgano en 2,500 millones, es decir, 450 millones más que el monto presupuestado por la JCE para la organización de las mismas.

Para el próximo año la Junta Central Electoral recibirá 8,011 millones de pesos, un monto superior a los 5,511 millones de pesos que les fueron asignados en el año 2022. Por tradición la JCE, igual que otras instituciones, deposita, cada año, ante el Poder Ejecutivo, un anteproyecto por un monto elevado, para tratar de compensar el recorte que siempre hace el Poder Ejecutivo.

Todo parece indicar que el Gobierno de Luis Abinader considera que ha sido generoso con el órgano electoral, producto de que en tres años, incluido el 2023, le ha asignado en el presupuesto un veinte por ciento más que el de su antecesor Danilo Medina, en sus últimos tres años de mandato.

No obstante, el magistrado Román Jáquez sabe muy bien que ningún presidente, y mucho menos si está muy bien posesionado como Luis Abinader, pondría en juego por razones presupuestarias la convocatoria de las asambleas electorales, cada cuatro años, el tercer domingo del mes de mayo, para elegir al presidente, al vicepresidente y a los legisladores, y el tercer domingo de febrero para escoger los cargos municipales de elección.

Finalmente, no existe ningún motivo para que el magistrado Román Jáquez se sienta preocupado por la asignación presupuestaria, tomando en consideración que, en lugar de obstaculizar las elecciones, un presidente como Luis Abinader, que tiene como uno sus principales propósitos el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, le facilitará los fondos razonables a la Junta Central Electoral para el montaje de las elecciones, sin la más mínima dificultad, en los años 2023 y 2024.