La más prolongada estadía de un partido en el poder, después de la caída de la dictadura trujillista, fue la del Partido de la Liberación Dominicana, la cual se extendió desde el 16 de agosto del 2004 hasta el mismo día y mes del 2020, lo que motivó que ese fuera bautizado como el año del cambio.
Tomando en consideración que el PLD fue un partido hegemónico, que gobernó por un período de tiempo excepcionalmente largo y tuvo que enfrentarse a una campaña en la que la demanda de la mayoría de los ciudadanos, así como la promesa del partido ganador, fue el combate a la corrupción y la impunidad, no debe extrañar a nadie que uno de los principales temas del segundo año de gobierno sea la persecución de quienes han sido señalados por el Ministerio Público como responsables de cometer actos de corrupción.
Ante esta delicada situación, el partido morado tomó la decisión de confrontar al gobierno, mediante una oposición dura, principalmente desde el Congreso Nacional, donde cuenta con dos brillantes voceros, Iván Lorenzo en el Senado y Gustavo Sánchez en la Cámara de Diputados, los cuales le han rendido un gran servicio a su organización.
Otro hecho partidista y electoral destacado del 2021, fue la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de anunciar, al margen de la ley, el inicio extemporáneo de su precampaña para el cargo de Presidente de la República.
Se trató fue un riesgo calculado que benefició significativamente a esa formación política, tomando en consideración que la participación de los aspirantes presidenciales del partido morado en la carrera tras la más importante candidatura electiva, evitó la partida de muchos de sus dirigentes y militantes hacia los partidos Revolucionario Dominicano (PRM) y Fuerza del Pueblo.
Por otro lado, entre los acontecimientos destacados del 2021, relacionados con las normas políticas, se destaca la decisión de integrar las reformas de las leyes Orgánica del Régimen Electoral y de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos a la Mesa del Dialogo del Consejo Económico y Social (CES) que coordina el sociólogo Rafael Toribio, el cual fue convocado por iniciativa del presidente, Luis Abinader.
También se debe destacar la desacertada propuesta de la Junta Central Electoral (JCE), de quitarle la atribución a ese órgano de organizar, fiscalizar y supervisar las convenciones y primarias de los partidos políticos, así como la de eliminar el voto preferencial, lo que le haría más fácil el trabajo.
Las reformas de las leyes números 33-18 y 15-19, a pesar de que era conveniente, no se lograron conocer en el 2021. No obstante, se debe hacer todo el esfuerzo necesario para que sean aprobadas en el primer semestre del nuevo año, ya que, de lo contrario, igual que en la pasada reforma, se correría el riesgo de conocerlas muy próximo a la precampaña.
Finalmente, además de ser aprobada en los primeros meses del año 2022, la la Ley Orgánica del Régimen Electoral debe darle concreción al mandato del artículo 211 de la Constitución Política, que requiere que en las contiendas electorales se garantice que prime la equidad, la libertad, la transparencia y la objetividad.
