Hay que expresar solidaridad con Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret y Manuel Crespo, tres de los once altos dirigentes que han pretendido la candidatura presidencial de su Partido de la Libración Dominicana (PLD) y que se declaran heridos en su dignidad por una inaceptable desigualdad y abusos del Estado en la precampaña electoral. Especialmente porque involucran al presidente de la República, Danilo Medina, constitucional, legal y moralmente responsable de hacer prevalecer la equidad dentro y fuera de su partido.
Merecen compasión Pared y Amarante, miembros del Comité Político del PLD, porque fueron incentivados por el mandatario hace más de un año para que persiguieran la candidatura presidencial, bajo el compromiso de acatar su propio precepto constitucional de dos períodos presidenciales y “nunca más”, pero quedaron sin autonomía de vuelo cuando Medina se mantuvo acariciando la posibilidad de burlar sus promesas y juramentos, para reformar la Constitución y prolongarse en el poder, hasta que tuvo que resignarse el 22 de julio pasado.
Una semana después su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, lanzó su precandidatura y de inmediato ha sido proyectado como el delfín del mandatario, con evidentes muestras de aprovechamiento de recursos públicos y desproporcionada inversión publicitaria, que supera al conjunto de los otros competidores.
Danilo Medina ni siquiera ha tenido el rubor de aceptarle la renuncia al cargo de ministro, más de un mes después, aunque sí lo hizo de inmediato y hade meses con otros, como Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito y Carlos Amarante, quienes declinaron sus cargos de ministros por razones éticas, legales y de equidad, para dedicarse a su promoción electoral.
Los indicios de aprovechamiento del Estado por parte del no relevado ministro de Obras Públicas son más que visibles, incluyendo la percepción de que su enorme despliegue de recursos está vinculado al cargo, al tráfico de influencia con contratistas y suplidores, al igual que con la mayoría de los alcaldes que le apoyaron tan pronto anunció su precandidatura, amarrados por el asfaltado de las vías públicas y otras gestiones ministeriales.
Carlos Amarante Baret, exministro de Educación y exministro de Interior y Policía, después de invertir decenas de millones de pesos, hasta ahora de origen desconocido, fue el primero en abandonar la competencia, aduciendo que “se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ligados al Estado, hasta el último minuto, sin pruritos”, agregando que “no estoy dispuesto a transar”.
Unos días después, es Reinaldo Pared, nada menos que el secretario general del PLD y presidente del Senado, quien se retira de la competencia, pagando un comunicado de página entera en todos los diarios, evidencia de su abundancia de recursos, donde denuncia que un nuevo actor, que no es otro que Gonzalo Castillo, ha montado su proyecto político “utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado”. Y agrega que en su campaña “se han violentado todas las normas de equidad y de justicia; se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad”.
El tercero, Manuel Crespo, miembro del Comité Central del PLD, no se ha retirado de la contienda, pero eleva un recurso ante la JCE ratificando los privilegios, desigualdad y abusos del Estado, y fundándose en la Constitución y las leyes del régimen electoral, solicita la inhabilitación del precandidato Castillo, señalado como delfín del presidente.
Después de estas denuncias sobre abuso del Estado en la democracia debe esperarse que los opositores al PLD se levanten con la misma valentía y provoquen una crisis política de envergadura cuando en la próxima campaña para las elecciones municipales, congresuales y presidenciales se produzca la irrupción del Estado, infinitamente superior como en los últimos procesos electorales, con todos los ministros y altos funcionarios en campaña, decenas de miles de activistas como empleados temporeros, todos los organismos del Estado pagando publicidad sobre sus “grandes realizaciones”, incremento del déficit fiscal y derroche de fondos públicos.
Mientras tanto debe esperarse que el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, haya asimilado la ignominia, la inequidad y la iniquidad de abusar del poder en las campañas electorales, incluyendo los “barrilitos para programas sociales” que a él mismo le han aportado más de 150 millones de pesos del presupuesto nacional, con los que ha competido ventajosamente para mantenerse como senador desde el 2006.-
