SANTO DOMINGO.– Un grupo de senadores, incluyendo legisladores aliados al oficialismo, manifestó su respaldo a la propuesta del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, que busca imponer una sanción permanente a los funcionarios públicos que reincidan en el tráfico ilícito de migrantes haitianos. La iniciativa, calificada por Fernández como una defensa de la soberanía nacional, propone inhabilitar de por vida a quienes cometan este delito desde cargos públicos.

El senador por La Vega, Rogelio Genao (PRSC), fue uno de los primeros en respaldar la propuesta, afirmando que refuerza lo ya establecido en la Constitución en materia de inhabilidad. “El proyecto estaba bastante completo, pero las propuestas hechas por el senador del Distrito vienen a fortalecerlo. Todos sabemos que el tráfico de personas es un crimen. Por eso queremos secundar esta modificación”, expresó.

Los senadores Antonio Marte y Franklin Romero también se mostraron de acuerdo con Fernández, e incluso propusieron ampliar las sanciones a las personas que reciben pagos de entre 15 y 20 mil pesos para introducir haitianos ilegalmente al país, calificando esta práctica como una amenaza directa a la seguridad nacional.

El proyecto de ley, originalmente enviado por el Poder Ejecutivo, contempla una suspensión de cinco años como servidor público, y diez años en caso de reincidencia. Sin embargo, Omar Fernández, vocero senatorial de la Fuerza del Pueblo, insistió en la necesidad de endurecer dichas penas, proponiendo la inhabilitación de por vida para cargos públicos, y condenas de hasta 40 años de prisión para quienes se demuestre participación en trata o tráfico ilícito de personas.

“Quien atenta contra la soberanía nacional desde una posición otorgada por el pueblo no puede seguir representando al Estado. Es una traición a la patria, y como tal debe ser sancionada con la máxima severidad”, expresó Fernández.

La propuesta se encuentra ahora en proceso de evaluación dentro del Senado, con un creciente respaldo entre las distintas bancadas, lo que podría acelerar su inclusión en el calendario legislativo de las próximas sesiones.