Eduardo Jorge Prats
Cuando arribamos de los Estados Unidos al terminar nuestros estudios de posgrado, abogamos por la necesidad de consolidar una cultura política que favoreciese los pactos, lo que los sociólogos y politólogos denominan la democracia pactada. Precisamente ese había sido el tema de nuestra tesis de maestría en la New School for Social Research, en la que estudiamos dos casos paradigmáticos: los convenios en Colombia y Venezuela a fines de las décadas de los 50 y los 60 del siglo pasado. En dicho estudio, parte del cual fue publicado en el periódico El Siglo, gracias a la generosidad y apertura del director del periódico Hoy, el Lic. Bienvenido Alvarez Vega, afirmábamos que un pacto entre las élites políticas era indispensable para sentar las bases de una democracia y de un Estado de Derecho, porque allí donde las élites desconfían del sistema era imposible establecer eficazmente los mecanismos de la tradicional democracia representativa.
El pasado lunes, con la suscripción del Acuerdo de Gobierno Compartido de Unidad Nacional entre el presidente Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado, en representación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), respectivamente, se da no simplemente un paso más en la consolidación de esta cultura de consenso partidario sino que esta señala un verdadero jalón en la evolución política dominicana, pues dos partidos históricamente antagónicos deciden no solo concertar determinadas reformas constitucionales, políticas o institucionales sino que, además, deciden llevar candidaturas comunes al próximo gran torneo electoral de 2016, en donde el mismo día –y por una sola y única vez bajo la Constitución vigente- se ponen en juego miles de posiciones electivas a nivel presidencial, congresual y municipal.
No han faltado quienes atribuyen el pacto a la supuesta pírrica popularidad del PRD que lo fuerza a esta alianza, pero lo cierto es que no imaginamos cómo un líder del pragmatismo del presidente Medina va a dar un paso de esta magnitud sin la expectativa cierta de contar con el caudal de votos de un partido que, como el PRD, ha sido la formación partidaria individualmente más votada en los procesos electorales de 2010 y 2012. Que no le quepa duda a nadie: si el PLD se ha aliado con el PRD es para garantizar el triunfo electoral en 2016. Es más, puede afirmarse que, con este acuerdo, queda asegurada la victoria de Danilo Medina en las próximas elecciones y esa es la lectura que el ciudadano de a pie -quien, contrario a algunos mercadólogos electorales, tiene sentido común- le ha dado a este pacto sin precedentes.
Pero este acuerdo rebasa la coyuntura electoral al establecer las bases para un conjunto de políticas públicas que, como afirman los propios suscribientes del mismo, “permitan hacer de la República Dominicana, una sociedad más democrática, libre, justa, desarrollada y solidaria”. En este sentido, se puede afirmar que se trata de un acuerdo no solo para consolidar una mayoría electoral sino, sobre todo, para garantizar una gobernabilidad y no cualquier gobernabilidad sino una que nos permita, como afirmaba en su discurso Miguel Vargas “dar un salto hacia el futuro”, o como decía el presidente Medina, “imprimir aún más velocidad y profundidad a las transformaciones sociales que aún necesitamos” y para ponernos en “la senda de la estabilidad y el progreso en alta velocidad”.
Este pacto no hubiese sido posible sin la gran visión y la probada valentía de Medina y Vargas. El presidente Medina ha entendido que el país tiene necesariamente que dar el salto en el desarrollo socio-económico e institucional y que ello solo puede lograrse con un gran consenso político nacional como el que manifiesta el Acuerdo de Gobierno Compartido de Unidad Nacional. Por su parte, Miguel Vargas ha antepuesto la preservación de su partido y de su cuota actual en los diferentes poderes públicos a su legítima aspiración presidencial y ha decidido aceptar la oferta de concertación de Medina para posibilitar así la implementación de políticas públicas adelantadas algunas ya por el presidente en el actual mandato y con las cuales coincide, por demás, porque han formado parte de su propuesta de gobierno desde 2008.
Como siempre, los escépticos profesionales –paradójicamente los mismos que no critican para nada los acuerdos de aposento tan comunes en nuestra política- presentan este magno acuerdo público y transparente como una simple repartición de cargos, como si Hillary Clinton hubiese apoyado a Obama sin contar con la candidatura vicepresidencial y como si los partidos no fuesen agrupaciones que tienen como propósito fundamental alcanzar y preservar el poder y debiesen estar compuestos por seres angélicos y no por mujeres y hombres de carne y hueso vinculados por una ética de responsabilidad y no solo de convicción como bien explicó Max Weber.
Sin embargo, el tiempo dará la razón al presidente Danilo Medina y a Miguel Vargas. Con el apoyo crucial del PRD, Medina será reelecto presidente y en su segundo mandato podrá impulsar las políticas públicas pactadas con su aliado. Ni el PLD ni el PRD perderán su identidad partidaria por este convenio y, muy por el contrario, saldrán ambos fortalecidos como partidos en un sistema político donde, aunque le duela a las eminencias grises de los líderes mesiánicos disfrazados de líderes alternativos y gracias a Dios para no correr la suerte de la Venezuela chavista, los partidos tradicionales siguen convocando con fuerte intensidad la adhesión y entusiasmo del cuerpo electoral.
