SANTO DOMINGO.- Restando tan solo 30 días para que finalice esta legislatura del cuatrienio 2020-2024, el Senado de la República conoció la reintroducción del Código Penal, sin la inclusión de artículos que aborden la interrupción de un embarazo.
La reintroducción de la pieza fue realizada por el senador Rogelio Genao.
La pieza aprobada por 20 legisladores se conoció sin leer el contenido, debido a que fue liberado de lectura, y se decidió enviarse a una comisión especial.
Senadores como Bauta Rojas, de la provincia Hermanas Mirabal; e Yván Lorenzo, por Elías Piña, se retiraron del hemiciclo, mostrando su rechazo ante la “inminente” aprobación de la iniciativa.
Mientras que la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, calificó como innecesaria la aprobación de este proyecto legislativo a tan solo días de la culminación de las labores congresuales.
Sin embargo, Genao aclaró y garantizó que los artículos que contempla el documento legal de su autoría no presentan ninguna variación a los conocidos a inicios de 2023, momento en que fue aprobada por los senadores en segunda lectura con 23 votos a favor y posteriormente enviada a la Cámara de Diputados, donde perimió.
De acuerdo con explicaciones de Genao, este conjunto de leyes tiene el objetivo de solucionar algunos 100 años de retraso que afectan a República Dominicana, agregando más de 400 artículos importantes normativas penales garantizaran la tipificación de los delitos y actos criminales.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, designó una delegación especial para estudiar sin plazo fijo, dejando abierta la extensión del conocimiento de las posibles modificaciones a realizarse con miras a la próxima legislatura programada para el 16 de agosto.
De los Santos indicó que Santiago Zorrilla, como presidente; Dionis Sánchez, José del Castillo, Iván Lorenzo, Antonio Taveras, Franklin Romero, Virgilio Cedano, Pedro Catrain, Ramón Rogelio Genoa y Lía Díaz de Díaz serán los congresistas encargados de desarrollar un informe sobre este particular.
La normativa indica, según lo establecían los considerandos del documento presentado el año pasado, que el Estado podrá cumplir con su función esencial, consistente en la protección efectiva de los derechos de las personas y la protección de los bienes jurídicos.
Además, permitirá un marco de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.
