Santo Domingo.- El diputado Gustavo Sánchez sometió un proyecto de ley que busca eliminar la entrega de exoneraciones a legisladores, específicamente en la compra de vehículos de alto cilindraje por considerar que con esos privilegios el Estado pierde miles de millones de pesos a través de la fuga de impuestos.

Sánchez indicó que el objetivo de la iniciativa contempla que a cambio de la entrega de dos exoneraciones abiertas cada dos años, los congresistas reciban un bono para la compra de los vehículos por un valor equivalente a unos 22 mil dólares.

El legislador entiende que es oportuno cerrar la brecha de las exoneraciones, principalmente para la compra de vehículos por considerar que estas siempre terminan en manos de terceros.

“De esta manera se pone freno a la práctica casi generalizada en la que incurren muchos congresistas que venden las exoneraciones en el mercado local permitiendo que terceras personas importen vehículos de lujo, sin pagar los impuestos correspondientes al Estado”, precisó el congresistas.

Explicó que el Estado dominicano deja de percibir miles de millones de pesos cada vez que una persona que haya comprado una exoneración a un legislador, importa vehículos, muchos de ellos valorados hasta en 200 mil dólares.

Sobre si la pieza legislativa establece un tope de precio del monto de vehículo que debe suministrar la Cámara Baja, Sánchez explicó que no, puesto que el bono vehícular es sólo un aporte para que el legislador pueda tener un vehículo.

Entre los considerandos del proyecto, se cita la Ley No. 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano que dispone con carácter general que los titulares de los poderes del Estado y altos cargos administrativos disfrutarán entre otras prestaciones o beneficios indirectos, o colaterales de vehículo oficial, combustible y chofer mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones, así como cobertura para atender los gastos en que incurra en caso de desplazamiento oficial.

Gustavo Sánchez dijo que el Congreso Nacional debe garantizar la movilización de cada legislador, pero es del criterio que debe existir un mecanismo de control que permita que esos recursos contemplados por ley, no generen olas de críticas e indignaciones entre ciudadanos e instituciones vigilantes del accionar en el Congreso Nacional.