Parte de las viviendas levantadas en terrenos reclamados por Miguelo Acosta.

Río San Juan.- Desde temprana edad, como todo joven pueblerino, Pedro Alexis Peña Germosén soñó con ser un profesional, tener su familia con hijos, y sobretodo, tener su casa propia.

Al pasar de los años, el sueño de ser profesional se quedó en el camino; vinieron los hijos cuando apenas cursaba el segundo del bachillerato, por lo que el trabajo se convirtió en su realidad, y los estudios debieron quedarse.

Después de años de trabajo, el sueño de tener su vivienda lo vio alcanzable cuando un amigo le dijo que conocía una persona que le conseguía un solar por 20 mil pesos. Ni corto ni perezoso se aventuró a la compra, para lo cual hizo un préstamo, y de buenas a primeras hasta se imaginó que llegaba a Nueva York, otros de sus grandes sueños, pues la “compra” fue en una zona que le llaman El Bronx, el mismo nombre de uno de los condados de la gran metrópolis. Sin embargo, obvió un detalle, el vendedor era un invasor ilegal, y hoy en día forma parte del medio centenar de personas que igual que él fueron notificados que tendrán que salirse del terreno, o de lo contrario serán desalojados por la fuerza pública, tan pronto como a fin de este mes.

Algunos de los intimados para el desalojo, y que la semana pasada se reunieron con el cura párroco del municipio.

“Había soñado con tener un pedacito de tierra al lado del río para tener conmigo un cayuco y en los días más calurosos de cielo azul pasearme río arriba. Encontré un amigo que me dijo que un amigo suyo estaba vendiendo un pedacito de tierra al lado de la desembocadura del rio que lleva el nombre de Arroyo Grande. Yo sabía que el terreno había sido invadido de forma pacífica por la población común, pero por el precio del terreno, yo pensé que la única oportunidad de tener lo que yo soñaba era de esa forma, pero esto se ha convertido en una pesadilla, porque debo el dinero y tengo el riesgo de que me quede sin nada”, dice Peña Germosén en una carta enviada a esta redacción.

Y su temor tiene fundamento, desde la semana pasada el abogado del estado viene notificando a varias familias que se encuentran de manera ilegal, incluido él, que empezarán a ser desalojados el próximo 24 de julio.

“La esperanza de estas familias no existe, y están sentenciadas a ser echados como perros indeseados a la nada y al vacío”, escribió Peña Germosén en tono de desaliento.

Los terrenos en cuestión pertenecen a la parcela 92-B, del Distrito Catastral No.2 del municipio de Cabrera, con una superficie de 100,365.45 metros cuadrados, identificada con la matrícula No. 140000 1918, amparada por el certificado de título No. 70-294, a nombre del señor Miguel Froilán Acosta Balbuena.

En medio del pantano, se encuentran las viviendas a ser desalojadas.

El terreno es una zona pantanosa en la cual se han construido unas 185 casuchas, según un censo suministrado por la junta de vecinos, algunas de las cuales, alrededor de 50, han sido levantadas en terrenos invadidos de forma ilegal, de acuerdo al acto de intimación del abogado del estado, licenciado Juan de Dios Rosario Santos.

Lo peor de todo es que la mayoría de los que han sido intimados para el desalojo son personas que pagaron a terceros, quienes ahora no aparecen para enfrentar el acto de engaño, como ha sucedido con Peña Germosén, a quien le han dado un plazo de 15 días para que abandonen voluntariamente los terrenos, el cual vence este viernes 24 de julio115.

Habla el propietario

Sin embargo, consciente de esa realidad y a pesar del conflicto, el propietario de los terrenos se mostró muy receptivo, y dijo estar abierto a conversar con los invasores, estudiar la situación de cada uno para hacer una venta, pero nunca con los individuos que inescrupulosamente invadieron los terrenos de forma violenta y luego lo vendieron ilegalmente.

“Ahí hay personas que han ‘vendido’ porciones de terrenos hasta por 50 pesos”, dijo Miguel –Miguelo- Acosta, en tono triste, pues según se ha sabido, son individuos con prontuarios dudosos que se han dedicado cerrar porciones de terreno para luego negociarlo sin ningún escrúpulo.

Dijo que son unos pocos y que se han mantenido amenazando, no solo a él y su familia, sino también a otras familias que han adquirido su terreno legalmente ahí y han sido invadidos por esos inescrupulosos.

Las viviendas, en su mayoría, han sido construidas en condiciones precarias.

Aclaró que a pesar de que la fecha límite es el viernes 24 de julio, el desalojo podría tomarse algún tiempo, pues aunque han ocupado los terrenos ilegalmente, piensa dar un compás de espera para quienes deseen adquirir legalmente el terreno, vayan a su oficina y acordar una venta a plazos cómodos.

“Hay muchos que solo quieren apropiarse ilegalmente de esos terrenos para luego venderlos, pero reconozco que hay personas pobres que realmente necesitan esos terrenos. Por eso quiero darle la oportunidad a esas personas para venderle el terreno, como he hecho otras veces”, dijo Acosta, aunque aclaró que hasta el momento nadie lo han citado a ningún encuentro de los que se le consultó han organizado las familias afectadas.

El aclarando

Consultado sobre la cifra ofrecida por la junta de vecinos de que son 185 casas a desalojar, Acosta contestó rotundamente que no. Dijo que muchas de esas personas han adquirido el terreno legalmente, y otros fueron beneficiados por una porción que cedió al ministerio de Medio Ambiente para alojar a varias familias que estaban dañando los mangles y la fauna del municipio, por lo que esas personas no serán tocadas.

“Yo soy un hombre de palabra, las personas que yo le vendí, y que hoy están pagando el terreno, no serán tocadas”, dijo Acosta Balbuena.

Los terrenos invadidos, son en su mayoría pantanos llenos de mangles, los que los invasores han cortado y llenado de caliche para luego levantar paupérrimas casuchas, que a decir de Acosta, dañan el atractivo turístico del municipio.

“Es una pena que estén dañando la industria del turismo en Río San Juan”, dijo Acosta Balbuena, haciendo un llamado a la opinión pública para que se exprese en ese sentido, y se lamentó de que hasta el momento ninguna autoridad ha conversado con él al respecto.

Los intimados

Hasta ahora los intimados para el desalojo no llegan a 30, y la mayoría responden a apodos, pues como dicen las autoridades, ni siquiera han dado sus nombres reales.

Los intimados son Dango, Juana La Blanca, Coni, Yina, Kenyo, Vicente, Darío, Cacao, Boca de Tanque, Luis Charonero y El Cuervo.

También a el Pelao, Atila, El Guardia, El Niño, Boris, Eva Chacarona, Winston, Lonni, Mono, Jijo, El Gringo, Mongolo, Altagracia, Chave el Pescador, Mayra, Biki, Carlos, Tato el Hijo de Moncho y Jean.

Los intimados han venido realizando reuniones con varias autoridades, incluida una la semana pasada con el cura párroco del municipio, quien según uno de los asistentes, se limitó a decirles que traten de resolver la situación por la mejor vía posible, pues de acuerdo a los títulos de propiedad, Acosta Balbuena es el legítimo dueño de los terrenos.

Para este martes, todos los afectados tienen una reunión programada con varias de las autoridades del pueblo, en busca de que se resuelva su situación.