SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) determinó que la contratación de 54 artistas por más de 55 millones de pesos, violó el debido proceso administrativo y varios principios de la Ley 340-06, por lo que recomendó identificar y sancionar a los funcionarios del Gabinete de Políticas Sociales responsables de su ejecución.
“Los incumplimientos comprobados dan lugar a que proceda la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios involucrados en estos incumplimientos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley, número 340-06 y sus modificaciones”, expresa la comunicación enviada a Tony Peña Guaba, director de dicho gabinete.
«Todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley y su reglamento”, explicó dice dicha ley.
Entre las sanciones que pudieran corresponder, conforme a las disposiciones establecidas en el párrafo I del artículo 65 de la referida Ley, la DGCP cita la amonestación escrita; la suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses; despido sin responsabilidad patronal o sometimiento a la justicia.
Entre las irregularidades evidenciadas, el órgano rector señala que las contrataciones se hicieron sin utilizar el portal transaccional, y por ende no se publicó ninguna información relativa al procedimiento ejecutado, en violación al artículo 138 de la Constitución dominicana, numeral 3 del artículo 3, que define el principio de transparencia y publicidad y párrafo del artículo 10, ambos de la Ley 340-06 y sus modificaciones.
Según la investigación oficial de la DGCP, en la resolución RIC-74-2021, esa entidad recomendó al Coordinador del Gabinete de Coordinación de la Política Social, instruir a los miembros del Comité de Compras y Contrataciones, a los posibles peritos, y a la unidad de compras de dicha institución, a que en los próximos seis meses participen en formaciones y actualizaciones sobre la Ley. 340-06 para su correcta aplicación; así como también promover formaciones y actualizaciones periódicas sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Se recuerda que, luego de varios meses de reclamo al Gobierno por parte de la industria musical para que fuera en su auxilio por la crisis económica provocada por el coronavirus en el año 2020, el Gabinete Coordinador de Políticas Sociales contrató a 54 artistas «con más de tres años de experiencia» por más de 55 millones de pesos como una forma de apoyo económico, contratación que provocó un revuelo para opinión pública que llevó a que GCPS cancelara el acuerdo.
