No siga este grito si usted es de los que creen que fue injusto liberar de la cárcel al coronel Carlos Piccini Núñez, único en guardar prisión, durante más de dos años, por los sobornos confesados ante la justicia de Estados Unidos y Brasil en la venta de 8 aviones Súper Tucano a la República Dominicana por 92 millones de dólares.

La jueza que esta semana le cambió la prisión por una fianza de un millón de pesos y presentación periódica hizo un acto de justicia. Nadie en su sano juicio cree que fuera un coronel el responsable de esa estafa contra el patrimonio público, por lo que hoy serían unos 375 millones de pesos, si es que la Empresa Brasileña de Aeronaútica (Embraer) confesó todas las irregularidades. Por aquí se cree que fueron varios millones más incluyendo los de un seguro que no resultó tal cuando se accidentó y destruyó uno de los aviones frente al malecón capitalino.

Hay muchas similitudes entre esta operación de sobornos y la de Odebrecht guardando las proporciones. Comenzando porque los 92 millones de dólares pagados por los aviones es la misma cifra de los sobornos confesados luego por Odebrecht. En ambos casos el escándalo se destapó en Estados Unidos y tuvo consecuencias en la justicia de ese país y en la de Brasil, donde 10 ejecutivos de la Embraer fueron condenados el año pasado por los sobornos en RD. En los dos casos la Procuraduría General de la República firmó acuerdos con las respectivas empresas, que implicaban la entrega de toda la información, pero en ninguno la justicia dominicana ha podido presentar expedientes creíbles y menos lograr sanciones.

Es cierto que además del coronel Piccini también fue acusado el exministro de las Fuerzas Armadas Rafael Peña Antonio, al igual que dos empresarios que habrían canalizado los pagos irregulares. Pero estos están en sus casas.

¿Quién podrá creer que un coronel es el principal responsable del escándalo de los Super-Tucanos? Cuando hasta el presidente Leonel Fernández apareció “piloteando” uno de esos aviones adquiridos hace ya una década. Más aún cuando desde el principio se informó que la aeronáutica norteamericana ofreció 10 aviones, como los Tucanos para patrullaje aéreo, por sólo 25 millones de dólares.

Al igual que en los sobornos de Odebrecht, en el de los Tucanos se dijo desde el principio que habría intervenido un senador. Así apareció en reportajes del diario The Wall Street Journal de Nueva York, en 2014 y 2016. Pero en este caso el senador no ha sido identificado, aunque por igual parecía que con casi todos los escaños senatoriales en manos del gobierno que compraba, no se precisaba soborno.

El asunto es más complejo, por lo que nadie puede creer que ni siquiera un ministro de las fuerzas armadas podía decidir una compra de 92 millones de dólares, por encima de una oferta del socio Estados Unidos, sin que intervinieran agentes políticos y funcionarios civiles de alto nivel, en medio de denuncias de sobrevaluación, que las hubo desde el principio.

Por algo, cinco años después de las denuncias documentadas y a más de tres del inicio de las “investigaciones” en el país, el caso sigue dando vueltas en los tribunales de justicia. No hay dudas de que se trata de la maldita impunidad que lastra la sociedad dominicana y lo pervierte todo, como acaba de demostrarse en Villa Vásquez, donde ha quedado al desnudo la persistente práctica de extorsionar bajo la cobertura de perseguir el narcotráfico.

Esta sociedad pasó dos años marchando pacíficamente contra la corrupción y la impunidad, y todo parece indicar que sólo ha cosechado burlas. Habrá que apelar a una decisión más intensa y sostenida, a un sacudimiento como el que acaba de hacer el pueblo portorriqueño, hasta provocar que los máximos responsables de la impunidad paguen de alguna forma las afrentas. Hay quienes creen que aquí no pasará, pero podrían llevarse una sorpresa, como en Puerto Rico, en Panamá, Guatemala, Perú, Ecuador y en otros países.

Los límites de la impunidad y la burla hace tiempo que fueron superados en este país y hay que hacer votos porque pronto aparezca una fuerza telúrica que obligue a revertirlos.-