El presidente Luis Abinader es el cuarto mandatario que ha prometido el desarrollo del potencial turístico de las provincias de Barahona y Pedernales, una zona paradisíaca de costas y de montañas que no tiene nada que envidiar a las mejores del planeta.

Sin embargo, así que se han formulado esas promesas alentadoras para nuestras provincias, de esa misma manera se han desvanecido con el tiempo, quedando en el olvido absoluto, o por lo menos en un compás interminable.

Ahora bien, hay entre muchos escollos, uno de tipo legal que debe ser despejado totalmente para que las iniciativas empresariales que surjan para impulsar el desarrollo turístico, al menos en el caso de Pedernales, puedan ser emprendidas sin discusión. Estoy hablando no sólo del escenario nacional con las instancias judiciales, sino en el plano internacional, el cual considero el más escabroso para los inversionistas.

La pasada semana se dio a conocer la existencia de un caso abierto en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que ha hecho saber al Gobierno de la República Dominicana sobre la existencia de esa cuestión que denuncia violación al derecho de propiedad.

Este expediente ha sido encaminado por el ingeniero Manuel Carvajal Sánchez, un amigo de muchos años, quien alega que sus derechos han sido violentados por el Estado dominicano mediante la ejecución de decisiones judiciales que no han observado el debido proceso.

Lo que se arguye es que esas decisiones sobre las parcelas 215-47-A y otras del mismo distrito catastral de Enriquillo, de hecho han sido expropiadas—lo que está prohibido en nuestra Constitución—en razón de que se trata de un tercero adquiriente que compró derechos asentados por el registrador de propiedad correspondiente.

Sobre esa base, no se puede descartar que de la CIDH el asunto escale hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, lo que vendría a complicar el expediente aún más, generando trastornos para atraer potenciales inversionistas.

No se olvide que uno de los derechos que más se protegen es el de la propiedad inmobiliaria, base del desarrollo económico de cualquier nación, y si no se observa de manera rigurosa se pone en grave riesgo uno de los recursos más valiosos.

Así las cosas, no basta con las buenas intenciones ni con la determinación de emprender el desarrollo turístico de nuestra zona, sino que es necesario despejar todos los escollos legales tanto en el país como en las instancias del exterior, para que esto sea realmente viable.

Las dos provincias que disponen de ese potencial para el desarrollo del turismo han esperado demasiado tiempo para ver hecho realidad su anhelo de progreso a que tienen derecho.