Juan Bolívar Díaz
El último de los abusos de los que acostumbra la Junta Central Electoral (JCE) de Roberto Rosario es el que mantiene contra los derechos de miles de ciudadanos agrupados en el partido Alianza País (AP) que hace más de dos años solicitaron su reconocimiento para participar en la actividad electoral sin haber recibido la respuesta oportuna y diligente que debería ser la pauta de un órgano del Estado con responsabilidades tan trascendentes como la de organizar la elección de las autoridades y representantes populares.
El partido que lidera el doctor Guillermo Moreno ha tenido que declararse en vigilia permanente ante la JCE después de meses reclamando una respuesta a su solicitud del 6 de mayo del 2013, acompañada de constancia de todos los requisitos que establece la ley electoral, incluyendo la apertura de locales y establecimiento de directivas en las 31 provincias y el Distrito Nacional, lo que ha implicado un alto costo humano y financiero.
El 18 de agosto del 2014, al recibir una delegación de AP, el presidente de la JCE anunció que las comprobaciones correspondientes se realizarían a partir de septiembre o principios de octubre pasados. Ante nuevos reclamos, el 20 de noviembre dijo que se haría en febrero. Luego en comunicación al presidente del partido Guillermo Moreno el 23 de febrero del 2015, Rosario la reenvió para marzo. Y ahora responde diciendo que la inspección será a partir de junio.
Como si todos los dominicanos fueran tarados mentales, Roberto Rosario se despacha ahora tratando de ampararse en el artículo 42 de la Ley Electoral 275-97 que limita hasta 8 meses antes de las elecciones el período para solicitar reconocimiento de partidos, pretendiendo que puede esperar hasta entonces para responder una solicitud cursada dos años antes.
Esa pretensión queda muy lejos del más elemental sentido de equidad y constituye una sostenida denegación de derechos, incompatible con la institución estatal llamada a garantizar la equidad en la competencia electoral. Es un abuso incalificable que hayan pasado más de dos años sin que la JCE responda a la solicitud de AP, manteniendo a sus dirigentes y militantes en la incertidumbre, sin personería jurídica, lo que obstruye sus diligencias de financiamiento y otras actividades propias de los partidos y las campañas electorales. El abuso se extiende a otros siete partidos y 2 agrupaciones provinciales y municipales que solicitaron reconocimiento el año pasado, uno de ellos el Movimiento Primero la Gente, que lo hizo el 30 de enero del 2014.
La inequidad es mayor si se tiene en cuenta que mientras esos partidos esperan indefinidamente, la misma JCE proporciona financiamiento del presupuesto nacional a dos docenas de partidos, tres de ellos este año con más de 18 millones de pesos mensuales.
En el caso de Alianza País, el más prolongado, hay temores de que Roberto Rosario esté actuando por retaliación dado que ese partido y su líder sometieron a la justicia un expediente de corrupción contra su jefe político el expresidente Leonel Fernández y su Fundación Global, hace año y medio. Aunque al presidente de la JCE le sobra autoritarismo y prepotencia como lo ha demostrado con numerosas actuaciones, como cuando denegó sus actas de nacimiento y cédulas a miles de ciudadanos por simple disposición administrativa, o cuando un año después de promulgada la ley 169-14 sigue sin cumplir su mandato de entregar la documentación correspondiente.
Como arbitrario fue también el plazo de un mes concedido en diciembre para que 2 millones y medio de ciudadanos cambiaran el carnet de la cédula de identidad, lo que enmendó parcialmente la Superintendencia de Bancos disponiendo que el sistema financiero siguiera aceptando el viejo hasta un plazo razonable.
Tanta arbitrariedad es un indicativo indiscutible de la precariedad institucional, la impunidad y la burla al imperio de la ley y de los derechos constitucionales que aún prevalecen en esta infortunada nación.-(Hoydigital)
