En Chile, allá en el lejano sur del mundo, nos acaban de dar una lección cuando el Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, presentó formal acusación judicial contra 12 ex miembros de la Armada, por el secuestro y desaparición del estudiante dominicano Juan Andrés Blanco Castillo, hecho ocurrido hace nada menos que 44 años, días después del golpe de Estado que cobró la vida del presidente Salvador Allende y de miles de chilenos, iniciando una tiranía militar que se extendió por 17 años.

El dictamen del 1 de agosto en curso, es ejemplar y relevante por múltiples causas, entre ellas porque muestra la fortaleza profesional de la justicia chilena que más de cuatro décadas después ha encontrado responsables de un grave acto delictivo, sin detenerse en la jerarquía de un vicealmirante y un contralmirante, oficiales y subalternos, aunque la víctima no tenía ni tiene relevancia en ese país, aunque hubo una querella presentada por el abogado Nelson Morales Chávez, a nombre del Estado dominicano.

El joven Blanco Castillo era hijo del reconocido abogado dominicano Andrés Blanco Fernández, uno de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, que había estudiado en la entonces Unión Soviética y retornó al país en 1973, pero se le impidió el ingreso, yendo a parar al Chile de Allende, entonces meca de perseguidos políticos.

En la capital chilena le sorprendió el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Cuando fue levantado parcialmente el estado de sitio impuesto, el joven Blanco incurrió en la imprudencia de irse para Valparaíso, desatendiendo los consejos de otros estudiantes dominicanos, como Isis Duarte, Gustavo González y Melba Barnett, así como de la exiliada Elsa Peña Nadal, últimos compatriotas que lo vieron el mismo día. La investigación estableció que fue detenido por una patrulla de la base aeronaval de El Belloto, a cargo del teniente Jorge Ginouves Contreras, en Villa Alemana, cerca de la estación de trenes, y entregado al personal de inteligencia de la misma.

Después lo llevaron al cuartel de policía de investigaciones de Quilpué donde es recluido en calabozos subterráneos y “sometido a interrogatorios y apremios ilegítimos”. El expediente consigna “numerosos testimonios respecto a su detrimento físico” y que fue sacado del recinto en dirección desconocida. Seis meses después fue encontrado un cadáver de sexo masculino en la localidad de Colliguay, que por su vestimenta y características se presume que fuera el del dominicano. Los restos fueron destinados a una tosa común en el cementerio de Quilpué, pero no han podido ser ubicados.

La lección es relevante para la sociedad dominicana que carga una elevada deuda histórica desde el exterminio indígena a nuestros días, con múltiples genocidios, asesinatos y desapariciones que han quedado en la impunidad, siempre bajo el argumento de no remover las heridas del pasado.

Cuando para el quinto centenario del descubrimiento la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, que sesionaba aquí, decidió realizar un acto de desagravio y petición de perdón por el exterminio indígena, el arzobispo López Rodríguez se negó a asistir alegando que no había nada por lo que se debiera pedir perdón.

Nos impusieron como patrona la virgen de los conquistadores, y nadie ha pagado jamás por los fusilamientos de los fundadores, cuyos restos fueron juntados con los de sus verdugos. En la impunidad quedaron los miles de asesinatos de la tiranía trujillista, el fusilamiento de los héroes del 30 de Mayo, de Manolo Tavárez y compañeros insurrectos ante el golpe de Estado. y el asesinato del último héroe nacional Francisco Caamaño, de los periodistas Gregorio García Castro y Orlando Martínez, y de la desaparición del profesor Narciso González.

En 1962 hubo un juicio histórico que condenó a los ejecutores del alevoso asesinato de las Hermanas Mirabal y su chofer Rufino de la Cruz, pero tres años después fueron liberados clandestinamente de la prisión tras estallar la revolución de 1965.

Gratitud a la justicia chilena por esta lección de la investigación de la desaparición del estudiante Blanco Castillo, que esperamos concluya en condena de los imputados.