Hay quienes tienen la convicción—y además lo pregonan—que la supuesta politización de la justicia en nuestro país ha sido obra de los Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, lo cual carece de veracidad, pues la inauguración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en la primera administración del presidente Leonel Fernández hizo exactamente lo contrario.

Sin embargo, y a pesar de la clara despolitización del Poder Judicial y en cierta medida del Ministerio Público, cuya designación no obedece a criterios partidarios, se sigue sosteniendo que el PLD tiene el control de esos estamentos, donde se logran decisiones por virtud de vinculaciones. Parece que estaremos condenados a que esa percepción se mantenga, sin importar los esfuerzos que se hagan para evidenciar que no es así.

¿Qué sucede ahora mismo con la evaluación del desempeño de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)?
Sencillamente que estamos en presencia de uno de los sesgos políticos más notorios, situación que ha sido motivada, en su gran parte, por la representación del Partido Revolucionario Moderno en dicha instancia.

Esa politización se ha acentuado luego del incidente entre el procurador general de la República y consejero, doctor Jean Alain Rodríguez, y la magistrada Miriam Germán Brito, a quien la representación opositora no le ha hecho un favor al avisar que la van a proponer como presidente de la SCJ, un adelanto que contraviene normas elementales de confidencialidad en un órgano colegiado.

¿Es ese un sesgo político o no? Pues claro que lo es. Lo que sucede en este y otros casos similares es que se da lugar a una parcialización de las opiniones en función de la vinculación política de los opinantes, en sentido general, aunque pueden surgir intervenciones no contaminadas, si bien son los menos. Concurrimos así a la banderización de las posiciones en función de la bandera política que defienda cada cual, lo que terminará causándole un gran daño a las decisiones que se adopten en el CNM, a menos que allí se decidan cosas para complacer peticiones.

¿Qué ha ocurrido con el fondo del incidente entre el procurador general y la magistrada Germán Brito? Ha sucedido la clásica división de posiciones en función del interés. Y eso en nada ayuda.

Lo que sí ha ido quedando claro es que el procurador Rodríguez no violó los reglamentos del CNM, en particular el 1-19 que se refiere a la evaluación de los magistrados de la SCJ que aspiren a continuar en sus funciones.

Muchos dominicanos—la mayoría podemos asegurar—estamos conscientes de que nuestro país será mejor cuando sea desterrada la politiquería que daña las decisiones cruciales.