El fallo de una acción de amparo del Tribunal Constitucional, que rechaza el bloqueo impuesto por la UNACHOSIN a un chofer en la ruta B de San Cristóbal, es un hecho relevante.

La alta corte afirma que las rutas del transporte público son de la exclusiva propiedad del Estado, por lo cual no se pueden vender, donar, permutar o fraccionar por parte de terceros.

Bajo licencia concedida por los organismos competentes sí es posible adquirir derechos, pero no necesariamente exclusividad. Yo aplaudo la sentencia TC-0330-21 y creo que es un precedente importante para organizar el mercado del transporte público.

Los carteles choferiles han logrado aquí mucha hegemonía sobre la base del terror, el chantaje, la relación política, el financiamiento de campañas y hasta con su presencia en el Congreso.

Es hora de que alguien afectado se anime a elevar una acción directa de inconstitucionalidad sobre el dominio de las rutas. La teoría ya está expuesta en la acción de amparo. Hay oportunidades de adecentar ese servicio con competencia y el funcionamiento de los organismos reguladores.

En el sector transporte desde hace años vemos escenas propias de la caverna o de una sociedad en la que no existe organización ni estado de derecho.

Choferes con palos, piedras, cuchillos, machetes, armas de fuego, y toda la rabia del mundo para hacer daño, defendiendo la propiedad de rutas que no les pertenecen.

Hemos visto a taxistas interceptar a conductores, que se manejan con aplicaciones de movilidad, y bajar forzosamente a pasajeros invocando la propiedad de un trayecto.

Otra decisión que veo con interés y expectativa es la acción directa de inconstitucionalidad, que busca la nulidad del artículo 1 de la Ley 57-96. Esta legislación dispone el otorgamiento de exoneraciones abiertas a legisladores para la importación de vehículos.

En una reforma del Estado asumida con seriedad, tenemos que demoler todas las castas que se han creado con privilegios irritantes y jugosos beneficios de por vida tan solo por haber pasado un período en una institución estatal, mientras la mayoría no puede hacer una cotización decente para obtener una pensión digna al final de su vida laboral.
En este país lo peor no es la pobreza, es la desigualdad. Y eso es un riesgo para la paz social.