Cuando la Junta Central Electoral (JCE) presentó su anteproyecto de presupuesto para el año 2020, se dispararon todas las alarmas sensibles a los fondos públicos que se invierten en nuestra menoscabada democracia representativa.

El anteproyecto de presupuesto, aprobado por el pleno de la JCE, fue asumido como un hecho consumado por la opinión pública, a pesar de que es bien conocida la tradicional práctica de las instituciones del Estado de presentar en sus anteproyectos de presupuestos, para tratar de compensar el recorte que siempre les hace el Poder Ejecutivo, montos muy superiores a los que finalmente aprueba el Poder Legislativo.

En todo caso, debido a que el órgano electoral también tiene a su cargo otras dos instituciones que demandan presupuesto, como son el Registro Civil y la Cédula de Identidad y Electoral, del propuesto monto de RD$16,540 millones, en el improbable caso de que sea aprobado, serían utilizados para fines electorales RD$8,351 millones.

No obstante, si las Elecciones Generales Municipales, cuya separación por un espacio de tres meses no tiene ningún sentido, se llegaran a unificar con las Presidenciales y Congresuales, el país se ahorraría más de RD$4,000 millones.

Probablemente las críticas no alcanzaron un mayor grado de intensidad porque no tomaron en cuenta, aunque notablemente menor por la naturaleza de sus atribuciones, el presupuesto del Tribunal Superior Electoral.

Afortunadamente para los partidos políticos, esta vez las duras críticas al costo de la democracia no incluyeron la contribución que ellos reciben por parte del Estado, la cual debe ser consignada en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos, sobre la base de un porcentaje equivalente al medio por ciento de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento en los años no electorales.

La nueva Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, aunque no se refiere a la distribución de estos fondos, dispone que los mismos sean invertidos de la manera siguiente: 1) No menos de un diez por ciento para los gastos de educación y capacitación; 2) Un cincuenta por ciento para cubrir los gastos administrativos operacionales de las organizaciones; y, 3) Un cuarenta por ciento para apoyar las candidaturas a puestos de elección popular de manera proporcional en todo el territorio nacional.

La socorrida frase “la democracia no tiene precio”, tan solo encuentra la aceptación plena donde el Sistema democrático ha sido cambiada por uno autoritario.

Sin embargo, no pretendo justificar con la referida frase el anteproyecto de presupuesto de la JCE, que como diría su presidente, el magistrado Julio César Castaños Guzmán, debe estar lo suficiente bien fundamentado como para defenderse el mismo, tampoco los gastos superfluos, ni el financiamiento de los partidos, ni, en sentido general, el precio de la democracia.

En fin, de lo que se trata es de procurar que los procesos electorales sean más sencillos, lo cual solo ocurre en aquellos países en los que la comunidad política y la sociedad tienen plena confianza en la integridad de las elecciones.