Magistrados del Tribunal Constitucional dominicano (Archivo)
El desacato de sentencias a favor de militares, policías y empleados del Poder Judicial cancelados y puestos en retiro forzoso, se ha convertido en un desafío entre el Gobierno y otros poderes del Estado como la Policía, ministerios Público, y de Defensa, el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) y el Tribunal Constitucional (TC).
Conforme a datos suministrados a El Nacional, la situación se produce ante la imposibilidad material de esas instituciones de cumplir con las sentencias de TC y del Tribunal Superior Administrativo, que disponen el reintegro y el pago de todos los sueldos atrasados de miembros del Poder Judicial, fiscales, militares y policías cancelados y puestos en retiro forzoso.
Fuentes militares, del Poder Judicial y fiscales consultadas, explicaron que el impasse se produce ante el cúmulo de sentencias que ordenan el reintegro a sus respectivos puestos de trabajo de militares, policías y empleados de la Justicia.
Las sentencias emitidas por el TSA y posteriormente ratificadas por el Tribunal Constitucional, cuyo presidente, doctor Milton Ray Guevara, se ha visto precisado recordar en reiteradas ocasiones que las decisiones de esa alta corte son definitivas e irrevocables y que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.
Sin embargo, fuentes militares, policiales y del Poder Judicial informaron que es casi imposible cumplir con la avalancha de sentencias de reintegros que llegan a esas instituciones como consecuencia de las “estrecheces económicas”.
Para las autoridades de esos organismos, la situación es altamente preocupante, en virtud de que esas sentencias ordenan la reintegración a sus respectivos puestos de personas canceladas y puestas en retiro forzoso por la comisión de hechos reñidos con la ley.
La reintegración ha sido dispuesta por violación al debido proceso y al derecho de defensa.
Los desbordes
La imposibilidad de cumplir con esas sentencias radica en los presupuestos de las instituciones.
Según las fuentes consultadas, los reintegros y pagos ordenados mediante esas sentencias implicaría la erogación de cientos de millones de pesos, lo que equivaldría al desbordamiento de los presupuestos de las instituciones afectadas.
De acuerdo a los datos que posee El Nacional, el impasse con el Gobierno se produce porque en la Presidencia de la República se encuentran retenidas decenas de sentencias emitidas a favor de militares puestos en retiros forzosos y cancelados.
Se recuerda que las cancelaciones y puestas en retiros forzosos de militares son emitidas por el Poder Ejecutivo, por lo que las revocaciones tienen que hacerse desde el Palacio de la Presidencia de la República.
El TC y el Tribunal Superior Administrativo también han dictado sentencias en contra del Poder Judicial, ordenando el reintegro de empleados y el pago de todos los sueldos vencidos, pero al igual que en las demás instituciones, las decisiones han sido desacatadas.
Hace poco, el TC advirtió a la Policía que someter a una persona a dos procesos penales o disciplinarios y, peor aún, condenarlo doblemente por un mismo hecho, constituye un acto de arbitrariedad y de injusticia intolerable en un Estado social y democrático de derecho.
En el caso de la Armada Dominicana le recordó que la Ley 873-78 Orgánica de las Fuerzas Armadas, es clara en lo que respecta a los requisitos para retirar a uno de sus miembros.
Las advertencias están contenidas en las sentencias 0375/14 y 0367/14 del Tribunal Constitucional, mediante las cuales ordenan la reposición a sus puestos de un policía y un militar cancelados.
Entre los casos pendientes de ejecución figuran, entre otros, los de
José Fernández Concepción, del Ejército de República Dominicana; el de un capitán de navío de apellido Peña Lizardo; la del mayor Charly Rodríguez Díaz, el también mayor Juan R. Aquino Rodríguez, la del teniente Anulfo Encarnación, la del capitán Orange García y la del teniente Santo Reyes de la Cruz.
Un apunte
Órdenes
Las órdenes incluyen el pago de sanción económica (astriente) por cada día que no se ejecuten las decisiones. La situación afecta también al Ministerio Público, cuyas cuentas fueron embargadas en varias ocasiones por negarse a reintegrar y pagar los sueldos atrasados a empleados cancelados. (El Nacional)
