Si yo estuviera en la oposición y aun consciente de lo inevitable que es una reforma fiscal para salvar el país de una debacle económica, es casi seguro que tendría tres opciones: a) firmar un comunicado con otros economistas de mi partido rechazando tales pretensiones del gobierno que llevarían al país al caos y el desasosiego; b) escribir artículos o entrevistas por TV para criticar dicha reforma y proponer que el gobierno ahorre dinero y reduzca el despilfarro o; c) quedarme callado y al margen de la discusión por razones de conciencia aunque tenga sus consecuencias con el resto de mis colegas que podrían calificarme de traidor.

Pero hay economistas con cargos importantes en el gobierno anterior que están expresando su acuerdo con la reforma, aunque con la coletilla de “penalizar a los ricos y no a los pobres” Es lo ideal, aunque desgraciadamente también los pobres serán afectados con la excepción de que hacia ellos se orientarán más recursos del presupuesto para ampliar las ayudas sociales a los más vulnerables.

Esos sectores de mayor pobreza saldrían beneficiados con esa reforma ya que recibirán mucho mas de lo que tendrán que pagar. Por el contrario, la clase media y media alta no podría decir lo mismo.

Volviendo a los economistas, veo que algunos de ellos afiliados a partidos opositores se oponen a la reforma, aunque cuando eran aliados de gobiernos anteriores fueron parte de los equipos económicos que elaboraron las reformas fiscales de los gobiernos de Hipólito Mejía, Leonel Fernández, y Danilo Medina. Y enfrentaron a los que opinaban lo contrario.

Los que nunca han cambiado de opinión son el FMI, el BM, el BID o la CEPAL que en sus informes anuales sobre la economía dominicana de los últimos 10 años han insistido en que al país le urge aumentar la presión fiscal, que el la segunda mas baja de toda América Latina (13.9% del PIB).

La mayoría de los países de la región registran presiones fiscales sobre el 19% lo que dicta mucho de la nuestra ya que representa un 5% del PIB de diferencia.

¿Puede una reforma fiscal en las actuales condiciones cerrar esa brecha y acercarnos a una presión fiscal del 20%? Imposible en el corto plazo, pero posible en el largo plazo si se logra un pacto fiscal a 10 años de plazo como mínimo.

Una reforma que abarque el periodo 2022-2032 donde se puedan corregir, sin traumas, toda la maraña de subsidios, exenciones y concesiones, (incluyendo la arancelarias) que distorsionan el mercado, afectan la competitividad y genera un gasto social de RD$240 mil millones anuales (precisamente el 5% del PIB que necesitamos para llevar la presión fiscal a los niveles deseados). No todas las exenciones desaparecerán, especialmente aquellas relacionadas a la salud y educación, pero otras deberán desmontarse gradualmente.

Como esta discusión sobre la reforma fiscal se debería llevar a cabo en el Consejo Económico y Social será una oportunidad para incluir en la agenda otros temas que están ligados indisolublemente al problema fiscal.

Primero, la altísima evasión, que proviene principalmente de las empresas formales, profesionales independientes y el comercio en general, donde se evade el ISR y el ITBIs. Eso hay que cortarlo de raíz y con medidas más drásticas porque al reducir la evasión se requiere menos sacrificio fiscal para la clase media y los pobres. Robar el ITBIs que pagan los contribuyentes es peor que robarle a una iglesia.

Segundo, un pacto fiscal de largo plazo podría incluir también medidas para abordar el problema del subsidio eléctrico, las pérdidas de transmisión y el robo de energía. Igualmente, el tráfico de combustible y los subsidios aberrantes a ciertos sectores.

Tercero, seria trascendental que en ese pacto se definiera el problema de la recapitalización del Banco Central para resolver el crecimiento descontrolado de una deuda que ya se hace insostenible.

Cuarto y último, hay que resolver el problema de la doble tributación porque eso ha llegado al límite de lo irracional, lo absurdo y altamente perjudicial para la creación de empleos formales. Por eso se impone una reforma al Código Tributario, conde los actores principales (gobierno, sindicatos y empleadores) estarán presentes en el CND.

De seguir en eso, en 10 años no habrá negocios formales en el país.