La Seguridad Social es un derecho ciudadano que debe ser garantizado por el Estado de todos, absolutamente todos los ciudadanos. La Seguridad Social en salud, que nació al amparo de una absurda alianza público-privada (cuando debió ser concebida como una prestación estrictamente estatal, tal como en la mayoría de los países), no le garantiza a ningún asegurado los servicios a que tiene derecho, a menos que pague honorarios, comisiones y adelantos. Entonces, la conclusión es una: No tenemos una seguridad realmente social, sino estrictamente empresarial (¡Vaya con estas “alianzas”!), que debe ser urgentemente reformada.