SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público destacó que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los vínculos al lavado de activos provenientes del narcotráfico de las siete personas arrestadas durante la Operación FM, para quienes solicita a un tribunal la imposición de prisión preventiva como medida de coerción, además de que el caso sea declarado complejo.
La procuradora de corte Ramona Nova, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo, resaltó que la solicitud de medida de coerción depositada el pasado viernes incluye elementos de pruebas que demuestran la responsabilidad penal de los imputados.
Este domingo, la jueza Odalis Alapis, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para el próximo jueves la solicitud de medida contra Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
A la salida del tribunal, Nova dijo “se notificó toda la glosa procesal y la defensa alegó que no se les había notificado”. Resaltó la fortaleza del expediente y explicó que algunos abogados alegaron ante la jueza que requerían tiempo para conocerlo.
La jueza Alapis fijó la próxima audiencia para las 9:00 de la mañana del próximo jueves 17 de este mes de marzo.
Los imputados fueron arrestados en la denominada Operación FM, desarrollada por el Ministerio Público bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
El Ministerio Público señala que el Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
